#BoletaPicada
F.P.
El pajueranismo electoral está a los manotazos en medio del naufragio del aún no estrenado sistema de Boleta Única de Papel, el que no parece ni confiable, ni transparente y mucho menos barato. Agravado por la ausencia total de capacitación a la ciudadanía que debió haber lanzado el gobierno nacional en la primera mitad del año y un contrato secreto con la empresa INDRA como encargada del conteo electrónico provisorio de votos.
Se sabe que un escrutinio provisorio resulta casi ilevantable, más allá de la inexactitud o la manipulación de resultados como sucedió en la escandalosa elección 2017 en provincia de Buenos Aires, cuando la versión oficial indicó como ´ganador` a Esteban Bullrich en la categoría de senadores nacionales [NdR: por escaso margen ante CFK]. Pero antes vamos con el asunto de los costos y la fiabilidad.
Al conocerse detalles de la modificación quedó en claro la ausencia de un ahorro para las desvencijadas arcas del erario público nacional. De ahí, los cuestionamientos por “el salto presupuestario”, ligado a la BUP, como señaló este martes en X el politólogo y docente Facundo Cruz, para reclamar que “si vamos a tocar algo del sistema hagámoslo con argumentos que den sustento al cambio”.
En tanto, su colega Pablo Salinas recordó que “esto fue advertido durante el debate de la ley (implementación de la Boleta Única de Papel): la reducción de costos era más un argumento discursivo que una realidad”. A la hora de los bifes le dijo Salinas al portal El Economista, la BUP es más cara porque las boletas son mucho más grandes, lo cual deja fuera de competencia a muchas imprentas y se hacen a “full color”.
Como resultado, “la boleta más grande podría tener más de 50 colores -cuando antes tenían una gama cromática de cuatro- y esto también eleva el costo”, completó Salinas. Tanto el sistema de Boleta única de Papel como el de voto electrónico provienen del establo conocido como Red de Acción Política o Cofradía de Dirigentes de la Embajada, en el que están enlistados diputados nacionales de casi todas las extracciones partidarias, con excepción del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Con una prédica que lleva varios años taladrando oídos, la BUP centralizó su presencia en la región electoral ABC1 del centro del país en provincias como Santa Fe, Córdoba y Mendoza mientras las maquinitas electroelectorales se afincaron en distritos conceptualizados más ´periféricos´ como Neuquén, Salta y Chaco, entre los principales.
Un informe realizado el fin de semana último por el diario La Nación detalló un costo previsto para los comicios de octubre próximo de no menos de $ 395.133 millones. Un solo llamado, pero con BUP. En contraste, las presidenciales 2023 con tres citas electorales en boletas de papel tradicionales (Primarias, Generales y Balotaje) costaron $ 110.000 millones hace dos años atrás [NdR: $ 422.537 millones a valor actual].
El grueso de lo presupuestado para el 26-O es el contrato entre las Vicejefaturas de Gabinete de la nación, a cargo de José Rolandi y Lisandro Catalán [NdR: seguro candidato a senador nacional por Tucumán], y el Correo Argentino. Este ítem se llevará $ 223.000 millones y tiene de los pelos al Gobernador Osvaldo Jaldo, cuyos candidatos competirán contra el ´libretario´ Catalán.
Por otro lado, la firma ibérica Indra quedó a cargo del escrutinio provisorio en una más que extraña “licitación privada por invitación”. Un acto rodeado de misterio, ya que los detalles de esta contratación permanecen en reserva. Una de las competidoras desfavorecidas fue Magic Software Argentina, encargada de los electrocomicios salteños y últimamente de los celebrados en la Ciudad de Buenos Aires. Cuatro de estas máquinas de votación fueron encontrados tiradas en un campo a fines de julio pasado camino a la Vuelta de Obligado, ya en provincia de Buenos Aires. Habrá sido alguna modalidad de protesta?
Lo cierto es que a poco de su estreno, al sistema de BUP le aparecieron las primeras objeciones y ya no se escucha a los tifossi proclamar las supuestas bondades del método. A lo que se suma la total falta de campañas de divulgación a cargo del Ejecutivo nacional, al parecer poco interesado en la concurrencia del próximo 26-O.
NdR, 5 de agosto de 2025.
