#CorteSupremaCausaVialidad
La propuesta de encarcelar a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo expresara días pasados el presidente Javier Milei, tiene un componente más bien político antes que jurídico. La representación legal de CFK cuenta con la posibilidad de apelar a diferentes figuras recursivas e instancias, además de aprovechar el recurso en queja que aún debe admitir la Corte Suprema, explicó por estas horas el especialista Jorge Alfonso.
Con más de 30 años en el ejercicio del Derecho Procesal Penal, Alfonso consideró en diálogo telefónico con NdR un “dislate jurídico” el recurso planteado por la Fiscalía ante el máximo tribunal. Cabe señalar la pretensión de este órgano acusatorio de adicionar en esta queja -ante Corte Suprema- la figura de “asociación ilícita”, con el fin de agravar la penalidad a la ex mandataria.
El asunto de fondo apunta a sacar del escenario electoral lo antes posible a la principal figura de la oposición. Ya fuere mediante artilugios aritméticos tendientes a llevar de 6 a 12 años una eventual condena a la titular del PJ nacional. O bien mediante la introducción subrepticia de figuras exógenas a la causa. Sendas variantes indicativas de la politización en los fallos, lo que agudiza el descrédito de la ciudadanía sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Pero aún en el peor de los escenarios para la conducción de Matheu 130 -sede del PJ- la fotografía mileidiana con los barrotes de por medio sería improbable. En caso de exponerse a cancha inclinada y terna arbitral en contra, Fernández de Kirchner contaría con la posibilidad de exigir la prisión domiciliaria. Eso, a su vez, supondría eventuales peregrinaciones hasta su lugar de reclusión y efecto boomerang por Casa Rosada.
En contra de todas estas extravagancias en los procedimientos, Alfonso recordó el “principio de congruencia” por el cual la Corte deberá tener en cuenta (en caso de admisibilidad de la queja) los planteos hechos por los Fiscales de instancias anteriores de la causa Vialidad. Entonces, al respecto debería “resolver el Procurador General de la nación”, precisó Alfonso.
A lo que se añade el principio de “preclusión procesal”, a partir del cual debería ser rechazada la pretensión de Fiscalía en sumar a posteriori la figura de ´asociación ilícita´ al caso Vialidad. Esto último, solamente persigue el objetivo de agravar las posibles penalidades, llevando de 6 años a 12 años el período de cárcel en una eventual condena.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la nación “no tiene (los límites de) tiempo ellos deciden cuando tienen ganas de decidir”, especificó Alfonso. Al respecto, el experto recordó que el recurso extraordinario solicitado por la Fiscalía del Caso Vialidad ya fue rechazado por la Cámara de Casación, lo que a su vez derivó en la ulterior insistencia ante el máximo tribunal.
Sin embargo, a la defensa de CFK el recurso extraordinario ante la Corte Suprema le dará la ocasión de ratificar lo enclenque de pruebas que fue la acusación, a partir de la cual se falló la condena a 6 años de prisión. Además, la imposibilidad de apartarse de lo dispuesto en la Constitución nacional y los Tratados internacionales que -desde la reforma de 1994- integran el texto madre de las normas en nuestro país.
NdR, 3 de abril de 2025.
