#ComoNoPifiarle
La nueva investigación por el doble crimen de Houria Mounmi y Casandre Bouvier tendrá por delante una dura batalla por librar: la de la opinión pública. El Poder Judicial local como integrante del Estado provincial versus un 60 % en la opinión pública que sostiene la hipótesis que aún no se ha hecho justicia por aquellos homicidios ocurridos en 2011.
Casi al final de la semana, la reapertura del caso anunciada por el Procurador General de la provincia Pedro García Castiella se encontró en el camino con una dura objeción. La abogada Sonia Escudero recomendó al Ministerio Público Fiscal volver la atención sobre el peritaje inicial hecho en el Hospital San Bernardo y revisar los libros “Francesas autopsia de un doble crimen”, de Jean Charles Chatard, y “Doble crimen”, de Maximiliano Rodríguez.
En la primera de estas fuentes están dos ADN (dos hombres y una mujer) que nunca se supo a quiénes pertenecían, a pesar que fueron hallados en la escena del doble crimen. Y esto simplemente porque no se investigó en tal dirección, a pesar de su detección en lugares clave para el esclarecimiento del hecho de sangre. Por eso, Escudero salió al cruce de una suerte de “brainstorming” propuesto por el MPF para esta nueva fase de la investigación.
Antes, García Castiella había propuesto “abrir e investigar todo lo que haya que investigar”, en lo que incluyó pistas susceptibles de ser aportadas por todo aquel funcionario o ciudadano que cuente con dato alguno sobre el caso. Además, el titular del Ministerio Público puso en dudas las contribuciones de Chatard a las que encuadró como simples “teorías conspirativas”, en el programa televisivo Cara a Cara de Canal 9 Multivisión.
Por su parte, el Procurador se mostró cauto en las críticas a la etapa 2011-2014 de la investigación del caso Mounmi-Bouvier. Al respecto, García Castiela asintió la posibilidad que pudo haber errores metodológicos en aquella actuación judicial, los que deberán ser subsanados en el tramo siguiente del caso.
A diferencia de la ex Senador nacional -Escudero-quien no dudó en su consideración que el juez Martín Pérez debiera ser “el primero en ser llamado a declarar”, debido a la cantidad de irregularidades cometidas en la etapa de instrucción. Sin embargo, luego fue ascendido a camarista.
“Nunca se investigó a quién pertenecía el teléfono celular ni qué decía el mensaje de texto que recibió Houria en el momento en que una fotografía la muestra en una confitería al pie de la Quebrada de San Lorenzo, sin consumir nada y aparentemente esperando a alguien”, profundizó Escudero. A lo que adjuntó la negativa del juez Martín Pérez a incorporar los peritajes hechos en Francia, los que obran en la causa y nunca fueron investigados.
Además, la ex legisladora recomendó indagar en el testimonio de Gustavo Lasi (único detenido por el doble crimen) acerca de un aparente trato del juez Pérez para incriminar a Santos Clemente Vera y Daniel Octavio Vilte, a cambio de una promesa de bienestar económico para su padre y su novia de entonces. En contraste con funcionarios públicos a quienes nunca se citó a declarar y en la actualidad siguen cerca del poder político.
Las connotaciones políticas del caso Mounmi-Bouvier son ineludibles y van en la misma línea del imaginario popular del cual resulta el descrédito en el Poder Judicial salteño. Y más allá del halo electoral que pudiera adoptar este caso, preocupa en las esferas del poder la serie sobre el asesinato descubierto en la Quebrada de San Lorenzo -a fines de julio de 2011- la serie realizada para plataformas internacionales, basada en el libro de Chatard. Con estreno en breve.
NdR, 14 de febrero de 2025.
