#DeSaltaAToronto
F.P.
El estruendo imaginado por el dirigente Alberto Castillo con el pedido de hilvanar debate sobre la pena de muerte -ligado al caso Kim en La Plata- tal vez está dirigido a reforzar una sintonía en particular. En el medio, a nadie escapa el viaje del Gobernador Gustavo Sáenz a una convención minera en Toronto (Canadá), luego de dar raudamente el mensaje de apertura al período de sesiones ordinarias.
Castillo como el actual titular de Recursos Energéticos y Mineros S.A. será uno de los que integren la comitiva gubernamental, en viaje este fin de semana hacia la capital financiera-bursátil canadiense. Un viaje hasta la PDAC o Convención de corporaciones de inversores y exploradores mineros en el que la delegación gaucha coincidirá con la Secretaria General de Presidencia Karina Milei.
Por lo cual, el guiño ultra ofrendado por el titular de REMSA no resulta carente de oportunidad u oportunismo, más allá de su sapiencia en distinguir una estalactita de un yacimiento de esmeraldas. Es decir, la viveza puede resultar útil para la administración afincada hoy en Balcarce 50 y demandante de temario para gatillar discusiones en retrospectiva.
Esta señal con propensión a expresar un acercamiento entre Avenida de los Incas y Casa Rosada se da luego del arponazo suministrado por Matheu 130 -sede del PJ nacional- que resolvió intervenir, con el fin de sacar de la abulia a la sucursal salteña. Con lo cual, Castillo conjeturó ante Sáenz en torno a la necesidad de multiplicar los nexos con el sector ultra que se encuentra al timón del Ejecutivo nacional.
Lo de la reinstauración de la pena máxima tiene connotación de aditamento coral, respecto al par de decretazos con nombramientos de ministros para la Corte Suprema de Justicia de la nación. Es decir, perdida por perdida toda credibilidad popular y legitimidad del máximo tribunal -al igual que el resto de la justicia criolla- qué más daría guillotinar (literalmente) prójimos sospechados de conductas aberrantes. Al fin y al cabo, todo resarcimiento por ´fallos injustos´ recaerían en gestiones presidenciales posteriores.
Por lo cual, esta moción del cordobés al frente de la compañía estatal minera salteña está direccionada a darle nuevo envión al espíritu de turba encendida, anidado en una importante porción de la sociedad argentina. Elemento que perdió energía cinética, luego de las acusaciones internacionales y vernáculas al oficialismo cryptófago, escándalo que recién estalló y aún promete coletazos impensables para el mileidismo.
Así, esta idea de asistir al compinche en apuros fue recibida de buen grado, más aún en vistas del encuentro con inversores mineros a desarrollarse en Canadá desde el 2 al 5 de marzo. Un adelanto que formará parte del discurso que el mandatario provincial ofrecerá ante parlamentarios y autoridades gauchas, 12 horas antes que el de su homólogo nacional, el presidente Javier Milei.
No es lo único en lo que la administración salteña asume su rol como adelantado ante las disposiciones del Ejecutivo nacional. Los circunscriptos y calibrados encuentros con la prensa afín, las restricciones a las coberturas periodísticas y miradas oblicuas hacia los analistas que osan cuestionar al oficialismo, son moneda corriente en nuestro distrito desde hace un lustro.
Ciertamente, existe una diferencia cualitativa acerca de la controversia que enfrenta el mileidismo con representantes de corporaciones mediáticas del orden nacional. Muchos de cuyos protagonistas ante cámaras, micrófonos y firma se pusieron en guardia ni bien se divulgaron las hostiles disposiciones para cronistas, en el acto del sábado por la noche en el Congreso nacional.
De hecho, el Presidente Milei se envalentonó en las últimas horas y hasta planteó explícitamente la posibilidad de intervenir la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicilof. Hipótesis que despertó ciertas socarronería en el saenzismo, con el desembarco de la dupla Berni-Alonso para re encauzar el sendero desde la sede partidaria de calle Zuviría 938. Quien las hace, las paga, el dicho de moda, más allá de la desmesura entre lo hecho y la retribución demandada.
NdR, 28 de febrero de 2025.
