#LupaAlNorte
F.P.
La intervención más o menos armada en la región norte de nuestra provincia empezará a concretarse el próximo 6 de mayo, precisó por estas horas el Ministerio de Defensa nacional. Al menos en el objetivo declarado, dicha cartera y la mirada contemplativa del Ejecutivo vernáculo tienen como objetivo -en la versión gaucha de la “war on drugs”- devolver un halo de presencia estatal al agreste territorio cercano a Tartagal.
Habrá que tener paciencia, más un ojo clínico hacia las operaciones en esta zona, aunque la ausencia del Estado se extiende a toda la región Este de nuestra provincia: tanto en el nordeste como en el sudeste falta el arribo de estas poblaciones al siglo XX. Allí persiste la ineficacia o funcionan de manera deficiente los tres poderes estatales en que se divide el orden republicano.
El negocio del sicariato y de la fafafa en Orán, cuya red es objeto de una causa judicial elevada a juicio esta semana, o el ghetto de dealers y adictos contiguo a la Ciudad Judicial de Joaquín V. González, atestiguan al respecto. Sin embargo, la atención extra que demandamos desde este sitio apunta hacia las tangentes -o desbordes- de esta problemática.
Fuere en sus inicios durante la presidencia de Richard Nixon,(en 1971) o su reflejo en la política criolla con José López Rega en el tercer gobierno peruquiano (dos años más tarde) aquel combate no demostró efectividad para frenar la comercialización de falopa. En contraposición, sí tuvo efectos colaterales al desatar piaras y gavillas enviadas a la persecución de civiles. O sea, el estreno en sociedad de la Triple A.
El mismo DT de esta organización paraestatal, López Rega, había recibido la traslación del antojo estadounidense por parte de Robert Hill, embajador designado en nuestro país (en paralelo al regreso del peronismo al poder). Por ello, no sorprendió su pupilo criollo al asegurar que “el combate contra las drogas forma parte de un plan político de lucha contra la subversión”. Es lo que dijo el por entonces Ministro de Bienestar Social en 1973, tras firmar con Hill el primer acuerdo bilateral para la guerra contra los narcos o “war on drugs”.
En su paso previo por España, el embajador estadounidense había logrado acceso a “el entorno”, filtro creado por López Rega para cercar a Juan D. Perón de voces contrarias al Ser Nacional. Por lo cual, cuando de la sede diplomática madrileña recibió el traslado hacia Buenos Aires -edificio de calle Colombia 4300- al compás de la mudanza peroniana los peores malpensados lo tildaron de ´pluma´ o ´servilleta´.
Para peor, a Hill no le servía contraponer la pronunciación de su apellido en nuestro idioma a los fines de sofocar esos macaneos. Y eso que muchos de sus detractores posiblemente no recordaban el paso del rechoncho hombre de New Hampshire como diplomático ante el gobierno de Costa Rica. Desde allí, en 1954 prestó apoyo del organismo antecesor a la CIA (la OSS) a los golpistas contra el presidente guatemalteco Jacobo Arbenz.
Pese a que de aquel paso por Centroamérica, Hill se trajo consigo y presentó a López Rega al mercenario guatemalteco Máximo Cepeda, y así mucho menos el embajador logró despejar ese halo de agente de inteligencia gringo. En lo que tampoco puso mucho esfuerzo el bueno de Robert, tras la presentación en sociedad de la Triple A que al trotecito se olvidó de los narcos y solamente arremetió contra los imaginarios ´comunistas´, a cadenazos, picana eléctrica y tiros.
Jurisconsultos de gran renombre se mostraron propensos a la hipótesis respecto a que aquella organización no gubernamental enfrascada en sembrar terror marcó la antesala del terrorismo de Estado, iniciado en 1976. El cual marró todos los tiros que hubiesen podido ponerle un freno a los traficantes de alcaloides, como trágicamente se supo parcialmente en ese momento y en detalle un tiempo después.
Volviendo al 6M
En el umbral del operativo 6M en Tartagal, la cartera a cargo de Luis Petri tendrá una ardua tarea por delante. La duda principal es la especificidad de la función castrense para atender las tareas de prevención y lucha contra las divisiones que marchan en resguardo de toneladas de drogas por el norte salteño.
En teoría, la instrucción de los militares está orientada a repeler agresiones desde el extranjero, ya sea por parte de formaciones regulares o grupos de otros países con armamentos y objetivos de insurgencia. Por tanto, es una labor muy diferente a la que Petri -en nombre del mileidismo- le asignó en estas acciones cuya meta es la seguridad interna. Algo así como pedir a un plomero afrontar la atención como si fuese un galeno en un hospital infantil.
Por lo demás, amontonar una gran cantidad de efectivos -ya fuere conchabados en Defensa, en Fuerzas de Seguridad o en lo que fuere- a la especificidad de tal trabajo no es un equivalente de preservación de la paz citadina. Muy por el contrario: según Naciones Unidas alrededor de 200 uniformados por cada 100.000 habitantes es una cifra óptima mientras que si se duplicara tal cantidad el resultado sería un saldo altamente ineficiente. En este caso, lo que prima es la eficiencia de su trabajo, antes que la cantidad de agentes del orden desplegados.
A lo que se suma el rol de todo este combo en condición de auxiliares o brazo armado de la justicia federal (también la local), sector en el que está circunscripto el recelo del 70 % de la población criolla. Tal vez sea ésta una consideración apresurada, la de imputar a jueces y fiscales la inclinación por aprehender a pelagatos, mientras remolonean pastosamente ante causas más grossas.
En simultáneo a que puntualizamos acerca de tal contexto, los medios de prensa en casi todo nuestro país exclaman consternados en sus titulares por el barco cargado con 500 kilos de droga en Santa Fe, en medio de 46.000 toneladas de pellet de girasol. El buque, anclado en el puerto de Vicentín, tenía como destino la ciudad de Amsterdam.
En relación a este caso, no es claro el accionar de los funcionarios públicos a fin de conjurar esta operación delictiva. El periodista especializado Raúl Kollman planteó el hecho que “el capitán del buque denunció q había paquetes raros, llamó a abogados y estos a la justicia y la UIF”. Sin embargo: “¿Dónde está el mérito de las autoridades? ¿no evidencia más bien q la cocaína entro a la Argentina sin problemas”?, amplió tal interrogante.
Esto parece no haberle restado entusiasmo al ministro Petri, quien anticipó en su cuenta en redes sociales que “el próximo martes 6 de mayo llegamos a Tartagal”, con la misión de “intensificar la lucha contra el narcotráfico”. Moción que merecería loas si fuese tan sencilla y proviniese de una administración poco permeable a los derrapes autoritarios.
A lo que se añade una hipótesis adicional. Es la de izar una problemática verdadera, meter en ella de contrabando al brazo armado a una labor inespecífica y derivarla hacia un uso puramente político.
En esta dirección, el Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que “arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales”. En medio de una “agitación de indefinidas ´amenazas terroristas` es funcional al desborde de las FFAA hacia el ámbito de la seguridad interior y debe advertir sobre los problemas de un avance del militarismo sin debate político ni control institucional”.
A más de cinco décadas de aquel pretexto de un avance del narcotráfico por la frontera norte de nuestro país, pero con la meta ulterior de contener como fuera toda expresión de descontento social. Una variable socioeconómica en la que el mileidismo tiene altas cotizaciones, además del nivel de reservas netas del Banco Central proyectadas de acá a un año hacia adelante.
NdR, 1 de mayo de 2025.
