Multame que me gusta

- ESTRADOS

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La justicia provincial impuso un monto irrisorio, apenas $ 45.000, al Ejecutivo provincial por incumplir una sentencia adversa. Esta penalidad le recayó al gobierno gaucho por su tozudez al no informar en inversión publicitaria. Aunque en los pliegues de lo que oculta también existen indicios relacionados con firmas, cuyo origen y objetivo de contratación no son para soslayar.

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La justicia provincial impuso una multa por $ 45.000 y contando al Ejecutivo provincial, dada la negativa grandbourgiana a informar sobre la millonaria inversión en publicidad oficial. Esta penalidad que irá sumando de a $ 5.000 por cada día hábil que persista en dicha terquedad fue dispuesta luego del reclamo de una entidad civil, la que viene reclamando desde el año 2020 por tal información. 

Al respecto, la ONG Salta Transparente detalló que las 45 lucas de la sanción pecuniaria se contabilizan hasta el pasado 17 de octubre, fecha en la que presentó la liquidación por el reclamo planteado el año pasado. Lo más curioso fue que con anterioridad, el Centro Cívico Grand Bourg había alegado en la apelación de una sentencia adversa que dicho correctivo le causaría un “gravamen irreparable”. Aunque probablemente aquella cifra empardaría al envío en comisión de dos agentes de prensa gubernamental, a cubrir un evento oficial por dos horas, a no más de 150 kilómetros de nuestra ciudad.

Lo que más bien parece, detrás de tal excusa demasiado ampulosa, es que la molestia oficial radica en el alcance de la solicitud de información gubernamental hecho desde la mencionada entidad civil. ST admitió que si bien el Ejecutivo provincial giró informes respecto a ciertos gastos en avisos oficiales, los datos provistos fueron evidentemente a cuentagotas & remoloneando. 

Ya en la ejecución de la sentencia, la justicia resolvió el 14 de octubre pasado la aplicación de la multa antes especificada. Lo que a su vez funcionó como recordatorio/exhorto de la resolución adoptada el pasado 15 de julio por el Juez Alfredo Gómez Bello, integrante de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. El magistrado hizo lugar a la acción de amparo contra el CCGB y emplazó en 10 días a informar gastos en publicidad oficial en el segundo semestre de 2020, los de  2021 y el primer semestre de 2022.

La olla emanando un cierto vaho capaz de llevar pulgar e índice hacia las fosas nasales, lo constituye el expediente de contratación con la misteriosa consultora Praxis S.R.L., empresa de la cual nadie sabe explicar los motivos y circunstancias de su desembarco en Salta, como tampoco el resultado del concienzudo trabajo de diagnóstico sobre medios de prensa por el que se le habría pagado sumas multimillonarias. 

En menor medida, aunque no es de soslayar, el pedido incluyó también un detalle de otras consultoras, medios y periodistas metropolitanos que cobraron avisos, a partir del año 2019. Una penalidad que, al compararla con el gasto actual en publicidad oficial –asciende a $ 500 millones- representa una proporción cuya comparación podría determinar el INN, Instituto Nacional de Nanociencia y Nanotecnología.

NdR, 19 de octubre de 2022. 


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