La justicia provincial impuso un monto irrisorio, apenas $ 45.000, al Ejecutivo provincial por incumplir una sentencia adversa. Esta penalidad le recayó al gobierno gaucho por su tozudez al no informar en inversión publicitaria. Aunque en los pliegues de lo que oculta también existen indicios relacionados con firmas, cuyo origen y objetivo de contratación no son para soslayar.