#FrigerioMassotMonzo
M.R.
La medianera petisa que solía dividir a funcionarios públicos con los negocios privados es un escollo fácil de saltar, cuando se trata de minerales depositados en la puna salteña. A la denuncia penal contra la senadora nacional Flavia Royón, el abogado ambientalista Enrique Viale sumó este fin de semana otra enfocada en un Gobernador de otra provincia, un diputado nacional y un ex legislador.
El especialista alertó que esta troika enlistada en el Pro -otras veces en la escudería violeta- será una de las beneficiarias con la derogación de la Ley de Glaciares. Aunque resulte increíble, el Gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, el diputado nacional Nicolás Massot y el ex diputado nacional Emilio Monzó participarán de esta movida para apropiarse del agua dulce que aún nutre a ríos salteños.
Desde su cuenta en X, Viale advirtió que “el gobernador Frigerio, Monzó y el actual diputado Nicolas Massot son fundadores y socios de RONIALEM SRL, que se unió con una multinacional canadiense para llevar adelante un proyecto minero de litio en Salta”. La firma norteamericana es Portofino, con la cual está asociada la compañía de Frigerio-Massot-Monzó.
Incluso, el segundo de los mencionados participó sin pasamontañas y a cara descubierta de la firma de convenios de exploración y explotación minera con autoridades provinciales. Esto fue cuatro años atrás, cuando en marzo de 2022 Massot -en representación de RONIALEM- rubricó convenios con el ex líder del Pro y por entonces titular de REMSA, Alberto Castillo.
Según la letra de aquel acuerdo, Portofino y su socia argentina RONIALEM S.R.L., efectuarían “la extracción del material, que puede ser salmuera u otros minerales, que luego son sometidos a un análisis para determinar el nivel de concentración de litio y otros metales en un salar o yacimiento”.Con este trabajo en mano, ambas compañías le suministraron al Estado provincial un mapa con recursos minerales y principalmente hídricos en la región precordillerana.
Con el tiempo y, tras una inversión de u$s 10 millones -se supone que de manera conjunta con el gobierno salteño- le posibilitó a REMSA detectar “áreas mineras sobre las que (hasta ese momento había) muy poca o nada de información acerca de sus recursos existentes”.
En aquella ocasión, Castillo llegó hasta el paroxismo al mencionar este acuerdo como símbolo de “seguridad jurídica”, pese a tener al diputado nacional enfrente. De hecho, el parte de prensa oficial enumeró a los participantes del acto para la firma del acuerdo, indicando a los representantes de Portofino, junto a “Nicolás Massot, representante de RONIALEM S.R.L., socio local del Portofino Resources Inc.”. Aunque sin anteponer su rol como legislador nacional, tampoco como socio del Gobernador entrerriano.
NdR, 2 de abril de 2026.
