#LosPinos #Desalojo #Mujeres
Los organismos defensores de Derechos Humanos y agrupaciones barriales concentrarán este jueves, desde las 9:30 horas frente al Instituto Provincial de la Vivienda. El motivo de esta movilización es dar apoyo a las 8 jefas de hogar desalojadas de terrenos fiscales en San Lorenzo, en medio de la gélida y lluviosa noche del pasado martes, 17 de noviembre.
Luego de un primer encuentro con directivos del IPV, el nuevo cónclave programado para este jueves con autoridades del mismo organismo y representantes del municipio, en principio parece no augurar algo más que nuevas promesas y/o dilaciones. Por ello, las propias mujeres del asentamiento Los Pinos, junto con entidades como la Agrupación Coca Gallardo, entre otras, reclamaron aunar esta protesta con otras similares por falta de viviendas (Ver link en la parte inferior de este artículo).
Por ello, el mensaje se dirigió a los vecinos que moran en núcleos como Ampliación Parque La Vega y San Calixto, dado que la problemática que los aqueja les resulta común. Y en la que también se incluyó un exhorto por la liberación del dirigente Yutiel Alderete. La cuestión de fondo está centrada no sólo en la discrecionalidad para el otorgamiento de viviendas, sino también en la desinversión en la materia que se dio durante los últimos tres años de la gestión macrista, de la que tampoco estuvo exenta su homóloga urtubeísta. Por tal motivo, este jueves movilizarán hasta Belgrano 1349 los organismos de DDHH, agrupaciones barriales, el Polo Obrero y la CCC.
Desde la Agrupación Coca Gallardo, la representante de esta entidad Marcela Gutiérrez compartió con NdR su consternación por el operativo de desalojo que ordenase el miércoles pasado en el asentamiento Los Pinos la jueza Ada Zunino. No sólo por el hecho que las 8 Jefas de familias fueron trasladadas tras padecer las inclemencias climáticas, luego de los airados reclamos de dirigentes barriales, hasta el CIC de Atocha, sino además por el despliegue represivo.
Al tono del contestador que obsequió como única respuesta el número telefónico de Mariana Reyes, la Secretaria de DDHH provincial –el que se replica hasta mitad de semana- en cambio le marcó el contraste el muestrario policial verificado en la noche del martes en Los Pinos. Para el desalojo de 8 mujeres y 23 niños, esta fuerza de seguridad envió 10 vehículos, policía montada y el GOPAR [Grupo de Operaciones de Alto Riesgo], una fuerza de tareas especiales al estilo SWAT.
Ni siquiera el respaldo de la diputada nacional Verónica Caliva sirvió para administrar métodos menos temerarios en el asentamiento que estaba ubicado en San Lorenzo. Al igual que poco pudo el abogado Álvaro Arias, representante legal de las familias, quien había pedido calma antes de tomar una determinación apresurada. A lo que la jueza Zunino le replicó con una advertencia que las mujeres del asentamiento deberían atenerse a las consecuencias, en esta búsqueda poco ortodoxa –pero única en vistas de la emergencia habitacional- de un lugar para residir junto a sus hijos.
Después del cambio forzado de lugar temporal de residencia, al el CIC de Atocha (que este miércoles por la noche remoloneaba en abrirles las puertas) a las Jefas de estas 8 familias les aguarda el encuentro pautado para las 10 horas de este jueves con representantes del IPV, Tierra y Bienes, Polo de Mujeres, Secretaría de Niñez y Familia, y delegados del Ejecutivo municipal sanlorenceño.
Por ello, María Flores, una de las damnificadas por el mencionado procedimiento policial convocó “a todas las organizaciones, a todos los vecinos, a los asentamientos Ampliación Parque La Vega y San Calixto a que mañana se hagan presentes, porque la problemática habitacional no es solo nuestra, es de todos los que están pasando lo mismo por lo que están pasando estas mujeres”, resumió.
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NdR, 18 de noviembre de 2020.
