#OrdenRepublicanoCrisis
F.P.
El fin de semana deja un saldo altamente preocupante para nuestra provincia, a partir de hechos como el de la narcoavioneta caída en Rosario de la Frontera y el oprobioso epílogo del último capítulo del caso Jimena Salas. Ambos remiten a anomalías en el ejercicio del poder o bien cuestionando la existencia del mismo en territorios y jurisdicciones en que el mapa político porfía en señalar como Salta.
La caída de la aeronave en el área rural del sur provincial, a causa de algún desperfecto o una mala maniobra -no de una aguda tarea investigativa- sugiere el avance territorial de estos grupos delictivos. Acaso la presencia del Estado fue suprimida en el sur provincial, además del nordeste y el sudeste salteño? Si así fuera, la conjetura sería altamente preocupante para los tres poderes -Ejecutivo, legislativo y judicial- en que solía vertebrarse el ordenamiento republicano.
De esta troika, el togado es el que sale peor parado debido al elevado nivel de desconfianza del cotejo entre su bonhomía y accionar y a la hora de impartir recompensas y castigos, reglas básicas de toda sociedad según Durkheim. Aunque no por ello debiera quitarse la atención respecto al Ejecutivo y al Legislativo, en materia de marcar la presencia del poder estatal sobre el territorio (que solía estar) bajo su mando.
Cabe pensar un límite a la mirada naif del Ejecutivo provincial para coordinar la supervisión sobre la utilización de vasta superficie de terrenos, como el paraje rosariofronterino. En esta unidad de explotación agrícola, según la declaración “legal” ante autoridades salteñas, había una pista clandestina para hospedar avionetas cargadas con falopa. Es decir, un uso muy distinto al formalizado que debieron controlar autoridades provinciales de los rubros seguridad y producción.
Y el del avioncito venido a pique el martes pasado está lejos de ser el primer caso que marca con resaltador flúo el área rural de Rosario de la Frontera. A fines de 2016, en la “Operación Balboa” fuerzas de seguridad nacionales desvistieron a un grupo de finqueros oriundos de esta misma ciudad sureña -camuflados como sojeros volcados a este cultivo en campos situados en Las Lajitas- que en realidad eran protagonistas de una red delictiva, especializada en cocaína y marihuana.
En la investigación del caso “Balboa”, la Procuración contra la Narcocriminalidad develó que los “finqueros” de Rosario de la Frontera utilizaban campos lajiteños de su propiedad -o bien rentados- para ´enfriar´ falopa que llovía de las avionetas que volaban como moscas a ambos costados de la ruta provincial Nº 5. Luego de recolectar los paquetes rebosantes de clorhidrato de merca los trasladaban hasta otras fincas, cerca del paraje El Naranjo (unos pocos kilómetros al norte de Rosario de la Frontera).
A diferencia del caso más reciente, el de la avioneta caída cerca de Antillas (poblado situado al sur de Rosario de la Frontera), pero igualmente revelador de la vasta extensión territorial bajo dominio narco. Al respecto, cabría recordar el incidente denunciado el mes anterior por el ex Gobernador Juan Manuel Urtubey, durante su gira proselitista y al intentar pasar por el eslabón narco entre Orán y Anta: la ya mencionada ruta provincial 5. El ex mandatario alegó haber recibido un disparo en su camioneta, lo cual el Ministerio Público Fiscal descartó a ritmo vertiginoso.
La sal no Salas
Un contexto en el cual el vergonzante epílogo del capítulo II por el asesinato de Jimena Salas dejó por escrito un desenlace de historieta o de comic. Esta delicia de todo guionista podrá indicar que la tan publicitada resolución definitiva del homicidio cometido en 2017 terminó con el Ministerio Público Fiscal y la justicia salteña en el pasto.
El corolario de la causa JS II terminó, no de manera metafórica, sino literalmente, echando el fardo sobre las espaldas del muerto. En esto se resume el fallo del último fin de semana, responsabilizando por el asesinato de Salas al “suicidado” (un día antes del inicio del juicio) Javier Nicolás Saavedra. Una condena post mortem que dejó una estela con interminables interrogantes que incluyen la extraña muerte de Javier Saavedra, a mediados de septiembre, en la difícilmente confiable Alcaidía General capitalina.
La carga por este crimen en 2017 se determinó, pese al no atendido reclamo de realizar una contraprueba del ADN pedida por el abogado defensor de los acusados, el letrado José Arancibia. El mencionado profesional aseguró que Javier Saavedra fue prácticamente secuestrado de una misión religiosa en ¨Santa Victoria Este y luego torturado por un grupo de policías.
En su acusación, el MPF no consiguió probar las coordenadas espacio-temporales del desplazamiento de Saavedra aquel 27 de enero de 2017, desde barrio Floresta -en el oeste capitalino- hasta barrio Parque Belgrano y luego hasta Vaqueros. Mucho menos cuál habría sido el rol que hipotéticamente habrían cumplido sus hermanos, Adrián Guillermo y Çarlos Damián. Ambos adelantaron que exigirán un resarcimiento pecuniario por el tiempo durante el cual estuvieron detenidos, además de una investigación exhaustiva sobre la extraña muerte de Javier Nicolás, a mediados de septiembre pasado.
Desde el mismo desarrollo del capítulo II de este caso las dudas se esparcieron entre los diversos actores. A fines de septiembre, Cristina García -madre de Jimena Salas- desconfió del accionar del MPF y del Poder Judicial salteño, al expresar su incredulidad para esclarecer el homicidio de su hija. Por ello, pidió la absolución de los tres hermanos Saavedra (Javier había muerto 10 días antes).
En la escasa fiabilidad del nuevo juicio, García exigió que “dejen libre a los chicos, no pueden juzgar a un muerto”, dijo en lo que pudo inferirse un reclamo piadoso ante tanto macaneo. “Esto es algo mucho más extraño, no es tan simple como están planteando”, dijo en la presentación del caso y dudó que alguien “entra a robar, mata a una persona con 40 puñaladas para terminar en nada”, menos “un chico de 20 años” como Javier Saavedra, “no es lo lógico”.
Una voz poderosa como la de la madre de la víctima de aquel hecho sangriento, sucedido ocho años y nueve meses atrás que sirvió para sepultar por anticipado la verosimilitud de la reconstrucción judicial. Otro distrito que parece extranjero al ordenamiento institucional, en un principio construido para la protección de la ciudadanía.
NdR, 9 de noviembre de 2025.
