#QuienSeQuedaLaGuita
F.P.
Con un 78 % de dependencia respecto a fondos provenientes de Nación, el gobierno salteño deberá resolver la encrucijada planteada en el programa Stihl de Casa Rosada. Junto a 22 mandatarios provinciales de los demás distritos del país, Gustavo Sáenz asintió sobre la vía que ya había sido recomendada a comienzos de este año por la economista y diputada nacional Julia Strada.
Seis meses más tarde, junto a sus colegas reunidos en la víspera en el Consejo Federal de Inversiones se decidió la opción del proyecto de ley que propone un mecanismo para el reparto de la recaudación por combustibles y los ATN. Luego del cónclave en Azopardo 750 -sede del CFI- los representantes provinciales recibieron los pretextos enunciados por el Secretario de Finanzas del Ministerio de Economía -Carlos Guberman- y el Vicejefe de Gabinete -Lisandro Catalán- que abundaron en chapucerías de economancia.
Este último encuentro no fue de lo más amable entre las partes, pues la peor tajada correspondió a los enviados desde Yrigoyen 250 y Balcarce 50, respectivamente. Es como si el pase mágico que al gobierno nacional hasta ahora le permitió vulnerar la cohesión regional, por el lado de los provincialismos y su curioso apego a la insularidad, de pronto se hubiese reducido a un truco obsoleto.
Sucede que el desfinanciamiento de las provincias parece ir para largo tiempo más y sin una meta a la vista, a juzgar por la atolondrada maratón de endeudamiento que la cartera aún a cargo de Luis Caputo acometió para maquillar reservas en el Banco Central. Las que, dicho al pasar, este martes empezarán a supervisarse por los comisarios financieros enviados del Fondo Monetario Internacional.
De modo tal que invocaciones sueltas como al ´equilibrio fiscal´ o ´la macro ordenada´ no les sirven de mucho a los Gobernadores, a la hora de afrontar airados reclamos salariales y exhalaciones por ayuda asistencial de sectores sociales en condiciones extremadamente críticas. Desde mayo de 2024 hasta el mes pasado, las provincias sufrieron recortes promedio del 26 % en los fondos coparticipables.
Uno de los mandatarios provinciales señaló que una de las ideas fue “coparticipar la mitad de los ATN, pero para aceptar esa propuesta tendrían que reconocer que se los están robando y por eso no quieren tocar nada”, le dijo al portal La Política Online. Lo más espectacular es el viraje dado por diversos caciques provinciales quienes un año atrás no dudaban en calzarse el bisoñé, mientras hoy tocan tres veces el estay y vienen con el cuchillo entre dientes.
Por ello, ni siquiera el anuncio de la conformación un año más tarde de lo pactado para el Consejo de Mayo consiguió aplacar los ánimos en el CFI [N dR: Ver artículo]. Además que en este órgano la hipótesis más al corriente es que esté presidido por el economista Federico Sturzenegger, una especie de ayatolah del mileidismo que transita por senderos a los que no llegan las noticias con problemas en las provincias y menos los padecimientos de millones de prójimos.
Al tanto de estos aprestos, la economista Julia Strada recordó que en cuanto al impuesto a los Combustibles citó al ministro Caputo “al Congreso y presenté pedido de informes el 20 de enero porque el gobierno NO SE LA REPARTÍA A LAS PROVINCIAS Y SE LA QUEDABA TODA”!!! dijo en X.
La legislador por la oposición peronista rememoró que el pasado 20 de enero “presenté un pedido de informes y citación al Congreso al ministro Caputo, al entonces secretario de Transporte, Mogetta, y al administrador general de Vialidad, Campoy, para que expliquen el destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte y los motivos de la subejecución de los programas de la Dirección General de Vialidad”.
Strada puntualizó que este fondo se integra con la recaudación por combustibles pagados por los ciudadanos, cada vez que cargan nafta. “Pero en lugar de volver en forma de obras o mejoras en el transporte, esos recursos se los queda Nación y se usan para sostener el superávit fiscal”, aclaró.
En virtud de lo cual ponderó la firma de los representantes de las 23 provincias y el gobierno municipal de la Ciudad de Buenos Aires de un acta cuyo objetivo es “impulsar un proyecto de ley que establezca una distribución automática de esos fondos, al estilo coparticipación. Se trata de $5,5 billones por el Impuesto a los Combustibles y $800 mil millones por ATN que no se destinan a emergencias”.
En Casa Rosada advirtieron que habrá batalla contra el sector díscolo plantado en Azopardo 750. La muestra fue la negativa a enviar fondos para la reconstrucción de Bahía Blanca, ciudad bonaerense afectada en marzo último por un fenómeno que inundó gran parte del ejido urbano.
Mediante el Decreto 424/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo nacional devolvió la iniciativa al Congreso de la Nación y dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
NdR, 24 de junio de 2025.
