#SinUrgenciaNiNecesidad
En su alocada carrera para conseguir papiros, preferentemente de color esmeralda, el gobierno nacional adelantó que atropellará sobre el Congreso nacional y la Constitución criolla. Así será porque con el anticipo respecto al DNU para sacar a remate la empresa Aerolíneas Argentinas se encendieron en tablero todas las luces de alerta, además de los atroces indicadores de pobreza e indigencia.
Al respecto, la diputada nacional Julia Strada cuestionó este recurso a lo que denominó “mamarracho jurídico”, por parte del Presidente Javier Milei. Además, cuestionó la falta de valor político del oficialismo para “bancarse el debate y los argumentos” en el parlamento, señaló este viernes en X.
Por lo demás, la economista recordó que los Decretos de Necesidad y Urgencia se encuentran habilitados únicamente cuando el Legislativo está en receso. Advertencia que asfaltó eventuales recursos ante la Justicia que -con elevada probabilidad- se presentarán la próxima semana y catapultarán la incertidumbre en eventuales oferentes.
A ello se suma que “si el Congreso está en pleno funcionamiento y tratando el proyecto de ley sobre el mismo tema, no existe razón que habilite el dictado de un DNU”. Adicionalmente del agravante constituido por el hecho que este proyecto de privatización “ya fue rechazado” en el actual período de sesiones por la Cámara alta de la nación [NdR: Ver artículo].
En conclusión, la diputada Strada precisó que “el eventual dictado del DNU sobre la declaración de privatización de Aerolíneas Argentinas supondría una vulneración absoluta a la Constitución Nacional y, en concreto, al principio de separación de poderes, a las atribuciones del Congreso y al procedimiento parlamentario”. Por tales razones, encuadró como “autoritario” al gobierno mileidista y se preguntó hasta qué nivel de vergüenza podría contar con el apoyo de “aliados” o pseudo oficialistas.
En esta jornada, la promulgación del DNU sembró dudas acerca de lo que podrían planificar potenciales compradores de Aerolíneas Argentinas, al analizar la judicialización de esta operación. En el otro plato de la balanza, expone a una administración urgida de divisas que apela a este tipo de artilugios y lo hace de manera atolondrada.
La disposición del Ejecutivo surgió al día siguiente del informe del INDEC, respecto a que en el primer semestre de 2024 la pobreza alcanzó nivel de un 52,9 % de la población (un saltó del 11 % en apenas seis meses). Lo que implica la generación de 3.385.122 pobres más en comparación al último mes de 2023 y 1.859.414 más de indigentes. Una radiografía catastrófica, desde el punto de vista que se la observe.
NdR, 27 de septiembre de 2024.
