Por: Federico Pérez (*).
El manchancho que el Estado hace con la pauta publicitaria fue puesto sobre la mesa del debate en estos últimos días, lo cual constituye un hecho saludable. Por un lado, la concejal capitalina Candela Correa exhortó a que la Intendencia de Salta cuente con un mecanismo legal a fin de asignar los avisos institucionales en los medios de prensa. Algo similar a lo exigido por el Foro de Observación de la Calidad Institucional, en la reunión que mantuvo al final de la semana anterior con funcionarios provinciales.
La edil capitalina anticipó esta iniciativa que intenta regular la utilización de la publicidad oficial, ya sea al inyectar dinero público de manera desproporcionada en empresas periodísticas de gran dimensión y/o ganarse el favor de éstas hacia una gestión en particular. Con ambos condimentos, además, Correa encuadró en el expediente número 4030 por el cual pidió que la intendenta “Titi” Romero se encargue de las demandas realizadas por vecinos, antes que el saldo del Ejecutivo capitalino con el Grupo Horizontes SRL, vinculado a su grupo familiar.
Un planteo genérico en línea similar fue el que extendió el FOCIS, en la reunión en la que el viernes anterior mantuvo con el Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Pablo Outes el Secretario de Relaciones Institucionales, Antonio Hucena y el titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Humberto Saravia. El séptimo punto del documento estuvo referido a “Libertad de expresión” y concretamente extendió el reclamo de la ONG para que se cambie el manejo discrecional utilizado por la gestión Urtubey, lo que sirvió para “erosionar la libertad de expresión”.
Razones no le faltan al FOCIS como a la concejal Correa. En el hemisferio reporteril conviven dirigentes políticos evacuados de cargos electivos por carencia de votos, blogs de “noticias” que pasan semanas completas sin novedad alguna, sitios informativos que contienen auténticos hurtos a quienes elaboramos cada noticia y envíos radiales o audiovisuales inhallables en el éter de Salta. Todos solventados por la pauta oficial, ya sea provincial, municipal o ambas.
Cabría preguntarse la valía que estos espacios informativos, reseñados en el párrafo anterior, tendrían para la difusión de los mensajes institucionales que realiza el Estado provincial (o municipal) por esta vía. Aunque ello sería pecar de ingenuo.
Es decir, la direccionalidad y la discrecionalidad son las dos variables que sustentan a esta especie de subsidios a gran parte de la prensa. La que en su gran mayoría parece haber perdido totalmente de vista a quien debería destinar su labor –la sociedad- y, de pronto, se encuentra con el hallazgo que hay pobreza estructural, indigencia y muertes por desnutrición ¿Quién lo hubiera imaginado, al notar la elegancia con la que siempre vistió el ex Gobernador Urtubey?
Por lo tanto, este estruendoso fracaso periodístico está ligado directamente a la mala administración que direccionó y actuó discrecionalmente en la pésima gestión anterior. Una época en la que disvalores como lo testimonial y lo contemplativo, proyectados desde el Estado, sustituyeron a la acción concreta. Y del que una porción importante de quienes cargan con micrófono, grabadores, cámaras y teclados asintió con mansedumbre.
En la actualidad, el Gobernador Sáenz y la intendenta Bettina Romero tienen las respectivas inquietudes en sus despachos. Les bastará aventar el revoloteo de teóricos insolventes y ahondar de manera concienzuda en la médula más íntima del universo reporteril, en caso que el objetivo en cada caso sea poner razonabilidad a su relación con la sociedad. De la que los medios de prensa son, justamente, intermediarios en un plano ideal. Aunque en los últimos tiempos hayan sido un obstáculo.
(*) NdeR, 22 de enero de 2020.
