#Pedidoentidadinternaconal
El clamor por justicia en el caso del doble crimen de Houria Mounmi y Cassandre Bouvier, ocurrido en Salta en 2011, fue encarnado por la organización Innocence Project. La entidad civil con domicilio en Estados Unidos, pidió la realización de un nuevo juicio en el asesinato de las turistas francesas, basado en los mismos peritajes que obran en esta causa.
La ONG enarboló la inocencia de Clemente Vera -único condenado por la justicia gaucha- a partir de las pruebas de ADN, las que no son compatibles con sus rasgos genéticos. Seis años atrás, Jean Michel Bouvier, padre de una de las jóvenes asesinadas, planteó que Vera es “inocente” y debiera ser liberado, Además de proseguir con las investigaciones para dar con el/los responsables.
De acuerdo al peritaje efectuado en la escena del crimen, los expertos determinaron que el material genético “no es compatible con el detenido ni con su línea paterna”. Innocence Proyect rememoró que el caso transitó por 39 despachos, pese a lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación no “emitió una respuesta”.
Desde el capítulo local de IP, su titular para Argentina, Manuel Garrido, especificó que existen “estudios genéticos y familiares de las víctimas que sostienen la inocencia de Clemente Vera”. También que “hace seis años que se pide un nuevo juicio y la Corte Suprema sigue sin responder. Se trata de un inocente preso y de dos femicidios sin resolver. Se trata de hacer justicia”, concluyó el representante,
En cuanto al procedimiento, Garrido puntualizó que la investigación por el doble crimen estuvo plagada de “irregularidades, declaraciones bajo tortura, amenazas, descuido de los protocolos y desaparición de pruebas”. Producto de esta sucesión de tropelías, Vera terminó detenido y condenado, pese a que en los inicios del caso no pasaba de ser considerado “un baqueano que había colaborado (…) con la investigación”, rememoró esta semana a Página12.
Al respecto, indicó que uno de los estudios de ADN realizado en Francia determinó que el de Vera “no es compatible”, tampoco el de “su línea paterna”. Lo cual contradijo al del “perito oficial local, que fue tomado en cuenta por los jueces de apelaciones de Salta para condenarlo. Ante esta situación, la evidencia biológica es clave para realizar un nuevo peritaje frente a resultados manifiestamente contradictorios”, planteó Innocence Project.
Desde la ONG explicaron que el mencionado estudio genético no pudo ser realizado nuevamente. La excusa de la justicia salteña fue que las muestras de ADN se habían “extraviado”, aunque “estaban bajo su cuidado”.
El 2 de junio de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa”.
En tanto, dictó la pena de prisión condicional -por encubrimiento calificado- a Omar Darío Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, mientras a Daniel Vilte Laxi y a Vera los absolvió por el beneficio de la duda.
Pero los jueces Rubén Arias Nallar y Luciano Martini mencionaron que el hecho “presenta rasgos de inusitada atrocidad y crueldad que lo tornan excepcional frente a las tipologías delictivas e, incluso, otros atentados dirigidos contra idéntico bien jurídico”.
Según la consideración de ambos, “la monstruosidad del hecho y su resultado trágico -como bien lo ha caracterizado el tribunal de juicio- son cuando menos evidentes y resultan absolutamente repugnantes a los valores individuales y sociales que, con preciado cuidado, forman la construcción piramidal de nuestro ordenamiento jurídico”.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2016, por la apelación del fiscal de la causa, la Sala III del Tribunal de Impugnación revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo condenó a la pena de prisión perpetua, por considerarlo coautor de los mismos delitos que Lasi.
Tal disposición tuvo como fundamento una prueba de ADN, por entender que una huella genética incorporada a la causa “corresponde a la patrilínea de Vera”. En contraposición, la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio, pero el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, no hizo lugar a ese punto, por lo que se espera una eventual determinación por parte de la Corte Suprema al respecto.
En concordancia, el padre de Cassandre, Jean Michel Bouvier, exigió públicamente la libertad de Vera. En paralelo, se pronunció por una decisión de la Corte Suprema para reiniciar las investigaciones que permitan conocer la verdad sobre el doble crimen, y anticipó que, de no lograr ese objetivo, su intención es acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El doble asesinato de Bouvier y Mounmi se produjo cuando ambas estaban temporalmente en ciudad de Salta y conmocionó a la provincia, causando una amplia repercusión nacional e internacional. Cassandre y Houria fueron vistas por última vez con vida el 15 de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico de la Quebrada de San Lorenzo. Dos semanas después, sus cuerpos fueron hallados, cerca del sendero principal de El Mirador de ese paraje.
Los forenses determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22. Doce años después, la presunción más extendida apunta a que la investigación posterior fue deficiente y el caso de las turistas francesas pasó a engrosar las causas no resueltas por la justicia gaucha.
NdR, 2 de agosto de 2023.
