#Judicialesmedidadefuerza
El gremio de los empleados judiciales difundirá desde este martes, en el acceso a la Ciudad Judicial, sus reclamos salariales a sus afiliados y al público en general. Allí, el sindicato instalará una carpa que tendrá dicha meta divulgativa y la comisión iniciará una huelga de hambre, tras considerar cercenada su labor en cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores representados.
En la reunión previa a esta determinación, la Agremiación de Empleados judiciales y del Ministerio Público Fiscal salteño sus dirigentes no consiguieron avanzar un centímetro respecto a sus reclamos salariales. Además, en la Dirección de Trabajo provincial se les notificó acerca de la Acordada 13.926, resolución de la Corte de Justicia salteña, a la que el gremio no dudó en considerar como un intento “de infundir miedo” a los trabajadores del sector.
En contraposición, la Agremiación de los judiciales que tiene como Secretario General a Matías Aramayo exhortó a todos sus afiliados a no marcar la tarjeta de ingreso a sus puestos e invitó a acompañar dicha acción. En su temeraria disposición, la Corte de Justicia aseguró que a su entender la actualización de haberes a empleados del sector se encuentra satisfecha y consideró operativo el Reglamento de Convivencia y Uso interno de las instalaciones edilicias por encima del derecho de huelga.
Según esa última normativa invocada, en las oficinas del Poder Judicial “se deben evitar las aglomeraciones y disturbios”. Por lo cual en la Acordada 13.926 la Corte hizo saber a los empleados que toda medida de fuerza “debe hacerse sin concurrencia a los lugares de trabajo”, además de aquello respecto a día no trabajado/descuento al final del mes.
En este norma, equivalente a un decreto del Ejecutivo, el máximo tribunal provincial llevó al extremo de considerar a la justicia como “servicio esencial”. En contraste con la imagen más extendida que existe en la población de nuestra provincia, respecto a los magistrados.
En cuanto a lo numérico, la Acordada judicial enarboló en potencial un bono de $ 30.000 a pagar en dos cuotas, a modo de un plus no remunerativo al que describió como que “estaría previsto”. A la vez, recordó que en junio se aplicará una suba de 11 % a los salarios, en junio otro 11 %, mientras que en agosto la actualización sería de 6 %, “como mínimo”, indicó ese texto legal. Un pronunciamiento que en la parte dispositiva expresa firmeza en relación a la medida de fuerza convocada por la Agremiación de Empleados judiciales para hoy, mañana y pasado a diferencia de una cierta ambigüedad en cuanto a respuestas al reclamo obrero.
NdR, 6 de junio de 2023.
