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La Cámara Nacional Electoral exhortó a legislar mecanismos que eviten financiamiento del narcotráfico y otras actividades ilegales de la actividad política. En la Acordada Extraordinaria Nº 45/2023, los integrantes del cuerpo Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, el tribunal además pidió información a todos los juzgados que lleven adelante investigaciones en las que hayan detectado nexos entre la mencionada actividad e integrantes de partidos políticos.
Por ello, en su resolución la CNE instó a promover lineamientos en cuanto a prevención, detección y sanción al ingreso de dinero del narcotráfico y en el financiamiento a la actividad de agrupaciones políticas. El tribunal explicó en su acordada acerca de que la experiencia comparada indica la intención del narcotráfico para influir –con el financiamiento de campañas- en los comicios para cubrir cargos públicos electivos, suele presentar más riesgos cuando se tratan de cargos locales -con algún control territorial-, cuya regulación y fiscalización queda fuera del régimen nacional.
Acerca de ello, detalló que algún avance se ha hecho en la materia en nuestro país, si bien deben profundizarse con lazos de cooperación entre las entidades estatales (nacionales, provinciales y municipales) con las que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito.
A tal fin, la Cámara Nacional Electoral resaltó la conveniencia que el Congreso Nacional evalúe la posibilidad de establecer un “régimen integral y unificado de control patrimonial, invitando a las provincias a adherir al mismo”.
De todas maneras, hasta que dicho lineamiento avance, la CNE se dirigió a los gobiernos de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, proponiéndoles hacer acuerdos inter jurisdiccionales e impulsar acciones legislativas, operativas y de cooperación, para el adecuado control del financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, con una perspectiva integral que coordine los esfuerzos de las autoridades competentes en los distintos órdenes jurisdiccionales.
NdR, 19 de abril de 2023.
