Vaticinio de polémica por una domiciliaria

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Vaticinio de polémica por una domiciliaria
Vaticinio de polémica por una domiciliaria

La detención domiciliaria dispuesta para el joven Lautaro Teruel atrajo en esta jornada de martes atención de medios de prensa nacionales. Con preguntas acerca del funcionamiento del Poder Judicial en suelo gaucho. Aunque con un montón de interrogantes adicionales y conjeturas alrededor, las que evaluamos.

#Terueladomiciliopolemica

La atención de los medios periodísticos nacionales puede atraerla hasta suelo gaucho el precio de las empanadas, la tarifa de hoteles, la abreviatura de recorrido del Tren a las Nubes, los encomendados con 5 tiros en el balero o ciertas decisiones judiciales. Por estas horas, el debate gira en torno a la disposición del juez Martín Pérez por la cual concedió prisión domiciliaria al joven Lautaro Teruel, ligado a través de un familiar al grupo folcklórico Los Nocheros.   

La cuestión que puso sobre el tapete la reciente resolución del magistrado fue por las condiciones de detención impuestas a Teruel, casi empardando al hipotético marco punitorio debatido en cuanto a los rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa. El juez Pérez merituó las lesiones en un pie, verificadas por galenos –acercados a instancias de la defensa del joven-, en los primeros meses de la docena de años impuestos al muchacho, condenado por dos casos de abusos de menores de edad. A la par de especulaciones periodísticas que adjuntaron el delicado estado de salud que aflige a su progenitora. 

La cárcel no suele ser lugar confortable, por más atenuante gastronómico o protocolar que se le pudiere suministrar, dado que presupone la restricción de la libertad. En ello, en tal sentido de empatía, radicó la resolución del magistrado, a lo que seguramente se adicionó el predicamento del grupo musical entre la paisanada comarcana y la del resto del país. 

Una decisión judicial que va en colisión del sentido común o los preconceptos más difundidos en casos que involucran conductas punibles y condena social ante casos aberrantes. Pero que, sin embargo, ha munido de notable paciencia a grupos ultra por la diestra –cuyos dirigentes se inclinan más por castigos de tipo turba- como a colectivos cuya dinámica los sitúan más cerca de las niñas damnificadas.

Cabe pensar si en causa motivada en idéntica conducta punible, pero “sin apellido”, olmedistas y libertarios probablemente hubiesen exigido penalidad resuelta por un puñado de barrabravas enardecidos. Por otro lado, si no mediase el escrutinio puntilloso de los alcances del Presupuesto con perspectiva de género, hoy vigente, alguna objeción hacia la resolución del juez Pérez colisionaría con valores humanitarios ponderados para resguardar la integridad de personas encarceladas.

En tanto, cabe suponer los centenares –tal vez miles- de recursos de hábeas corpus prontos a desembarcar en Ciudad Judicial, basados en el antecedente que ofrece esta flamante domiciliaria al muchacho Teruel. Esto, teniendo en cuenta que la defensa de Lautaro T encomendó tal petición a la emergencia del sistema penitenciario gaucho, cuyas condiciones para albergar a los penados son oprobiosas. 

Un caso que expresa una contemplación similar, en relación a un imputado por abuso de menores (un docente separado del cargo en Joaquín V. González, hoy beneficiado con domiciliaria), en estos días tiene a maltraer a una parte de la población anteña. En especial, a padres y familiares de pibas en edad escolar, contrariados por otra resolución formal que le posibilita al presunto agresor eludir los barrotes.  

NdR, 31 de enero de 2023. 


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