#Defensavicepresidenta #Sietepalosdepositados
La representación de Cristina Fernández de Kirchner espera la aceptación como querellante en la causa judicial que investiga la pista del grupo Revolución Federal, por amenazas en su contra. Esta fracción es la que recibió al menos $ 7 millones del Grupo de los hermanos Caputo, perteneciente al ex ministro de Economía del gobierno anterior.
La inclusión como querellante en este caso, tramitado en el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi y delegada al fiscal Gerardo Pollicita, fue solicitada formalmente este lunes. Los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, se encargaron de este trámite, ya que también la representan en la causa en la que se investiga el intento de magnicidio ejecutado por el ahora detenido Fernando André Sabag Montiel el 1° de septiembre pasado.
Esta causa cuenta con información aportada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, sobre manifestaciones realizadas en Twitter por dos miembros del grupo Revolución Federal que incluyeron amenazas de muerte contra la Vicepresidenta, su hijo Máximo Kirchner y el jefe de Estado Alberto Fernández, como también incitaciones a cometer delitos.
El objetivo de los representantes de la Vicepresidenta es conocer las pruebas, toda vez que no descartan que pueda surgir algún tipo de vinculación entre esa causa y aquella en la que se investiga el atentado fallido, radicada en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.
Unas semanas atrás, el juez Martínez de Giorgi había resuelto que la causa radicada en su juzgado pasara al de su colega Capuchetti pero la jueza lo rechazó porque consideraba que, de momento, no contaba con elementos concretos que permitieran establecer una conexidad entre los dos expedientes.
A la hora de dirimir la divergencia entre los dos jueces, el presidente de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, le dio la razón a Capuchetti y determinó que los casos siguieran tramitando por separado.
En la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal está la información que en su momento aportó la AFI a la justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título "hay que pudrirla?".
Esa conversación sumada al expediente es en la que participan dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años. En uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de la Vicepresidenta para hacerla “pasar a la historia”, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde.
“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...”, decía allí uno de los miembros de Revolución Federal.
En ese expediente se detectaron una serie de pagos millonarios a Morel, referente de Revolución Federal, y a dos socias suyas por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”, según trascendió la semana pasada de fuentes de la investigación.
Los depósitos bancarios de la firma, vinculada a familiares del exministro de Finanzas del Gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, alcanzarían los 7 millones de pesos y habrían sido realizados a Morel y a dos mujeres vinculadas a su carpintería, detallaron fuentes de esta causa.
Crédito fotográfico: Revista Anfibia.
NdR, 18 de octubre de 2022.
