#Empleadosodueños #Corredorocho
De las empresas cuya mayor parte de los favores públicos podrían ocasionar perplejidad luego del final de la feria judicial, la principal es Ahynarca. En la justicia salteña comenzarán a desgranarse, desde el 25 de julio en adelante, una sucesión de novedades que posiblemente expongan claramente el caso de firma con problemas que contrasta con integrantes de un directorio próspero.
La mencionada compañía es la que presta el servicio en las líneas A, B, C y Transversal del corredor 8, actualmente en medio de una controvertida batalla legal por el control del paquete accionario. Estos 56 colectivos afectados a la prestación antes mencionada frecuentemente presentan problemas de neumáticos, en el sistema de frenos, incidentes en el sistema eléctrico y falta de combustible, por lo que si la adecuación tarifaria en marcha recayera en mayor exhorto para invertir, a su vez habría una eventual merma en los beneficios para sus directivos.
Claro que los problemas no terminan ahí, en cuanto a la prestadora de las líneas correspondientes al corredor 8. Además de la disputa legal por la conducción de Ahynarca, en los entretelones de estos expedientes hay cuestiones de gran interés que trascienden el caso en particular y podrían también serlo para el Estado provincial.
Sucede que quien hoy reclama el rol de presidente de Ahynarca S.A., Walter Guillermo Pérez, en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos figuró como empleado administrativo de esta compañía. Esto, de acuerdo a un informe de AFIP en el cual confirmó que el trabajador se desempeñó “a partir de enero/2007 en forma ininterrumpida, hasta diciembre/2017 declarado por la empresa AHYNARCA S.A. CUIT 30-70908417-3 en la categoría de personal administrativo, puesto Empleados de contabilidad y cálculo de costos” (Imagen 1)
En este informe emitido a fines de 2021, la entidad tributaria también incluyó “los códigos correspondientes a los puestos de trabajo”, desempeñados por Pérez en esta empresa de transporte hasta diciembre de 2017. Sin embargo, en otro documento oficial con el que se tramita este litigio, el propio Pérez aseguró que había sido “presidente de Ahynarca S.A. (…) desde el año 2004” (Imagen 2).
Dado que los haberes de los trabajadores son pagados por el Estado provincial, por medio de SAETA, cabe el interrogante si aquella doble función como “empleado administrativo” y “Presidente” de la transportadora le habrá dejado un doble beneficio. Es decir, si habrá percibido un sueldo subsidiado por el fisco salteño, más los beneficios como directivo principal de la empresa. Lo cual presupondría haber embromado al Estado provincial.
Hete aquí un intríngulis que la justicia local deberá desentramar, a partir de las próximas semanas. La invocación del rol como titular del paquete accionario de Ahynarca S.A., para incrementar la perplejidad, fue incluida por el mismo Pérez en una Carta Documento enviada al abogado Héctor Rodríguez, en enero de 2018. Pero 46 meses más tarde, fue la AFIP quien aseguró que el accionista principal, en realidad aportaba como trabajador administrativo. Una situación divergente en este embrollo Pérez/Ahynarca/AFIP/SAETA/Estado provincial que deberá resolverse.
NdR, 21 de julio de 2022.
