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Al horizonte educativo aún le falta emanar lixiviados, por ello el gobierno provincial anunció este fin de semana su decisión de esperar dos meses más para realizar “elecciones” en la Junta Calificadora. Esto se dio a conocer a pocas horas de la realización de tales comicios y ante el peligro que no resulte triunfante alguna de las ofertas auspiciadas desde el Ministerio de Educación.
En el horizonte sigue gravitando la impresión que gran parte de la docencia “no sabe votar”, dada la predilección por ofertas opositoras y cuando esto se plasma en un resultado obliga a resetear todo, como en el caso de AMET (donde no ganó el eloicismo A o el B). En este sindicato, si se hace necesario repetir dos o tres veces más el acto eleccionario, hasta que los afiliados aprendan a decidir, pues así se hará.
En Junta, aparece un panorama similar y titilan luces rojas que amenazan llevar el panorama para el lado del comunismo, o cuanto menos al catamarqueñismo, distrito vecino que se ha convertido en mal ejemplo por el piso de $ 65.000 dado a los estatales y su pase a Planta Permanente. En tonalidad algo más clara, desde la Lista Rosa Multicolor proveyeron a los educadores la conjetura que esta determinación estatal implica la intervención a este órgano educativo.
En un documento difundido por el sector Tribuna Docente, incluido en la Lista Rosa Multicolor, afirmaron este fin de semana que la reprogramación de elecciones en Junta, pateándolas hasta septiembre, supone algo más grave. A saber que “el gobierno pactó con la intergremial (la misma que entrega nuestros sueldos año tras año) una modificación de la ley, a espaldas por completo de la docencia, cuyo texto acaba de entrar por el Senado”.
Lo cual se agrega a otra aberrante alteración practicada en el régimen de titularización anual, en el que descansan la precarización ad astra y su packaging, es decir los “interinos”. En la iniciativa ingresada a Cámara alta provincial, están propuestas una Junta para el nivel primario y otra para el Secundario, las cuales estarán integradas por 6 miembros elegidos [NdR: pero en elecciones “legítimas”, es decir convalidadas por el Ministerio de Educación, no en actos anómalos como los primeros comicios en AMET], 3 nombrados por el Ejecutivo provincial y uno por la ADP. O sea, 4 integrantes que respondan a la cartera educativa, para pasarlo en limpio a este último apartado.
Aún así, desde TD alertaron que no está aclarado en el proyecto si la Junta I y la Junta II serán elegidas por educadores de sendos niveles. A lo que se suma que si bien se aplicará el sistema D´hont en tales comicios, en paralelo se establece una cláusula proscriptiva que fija un piso del 10 % de votos y esto traba la incorporación de minorías.
En general, advirtieron desde esta fracción opositora que esto convertirá a los órganos mencionados en simples operadores de las líneas de acción trazadas por la cartera de Educación (propensa a los cursitos para aprender a respirar y otras imposturas intelectuales al estilo new age). Como refuerzo de lo anterior, la iniciativa oficialista establece penalidades severas para los vocales que amaguen con cualquier mínima mueca de disconformidad o retobe en la operacionalización de las directivas, por más descabelladas que fueren.
Otro rasgo con halo extraño es que el mandato de los vocales de Junta se extiende, sin explicación alguna, de 3 a 4 años. Y mucho más, la eliminación de sanciones o revocatoria que recaiga en los profesores/maestros, aplicable a miembros de Junta que violen cuadros de méritos y puntaje o falsifiquen títulos (como sucedió largamente unos años atrás).
No menos curioso, apuntaron desde Tribuna Docente, es la ocurrencia de dirigentes que “pactaron este proyecto y ahora reclaman una jornada de ´consulta´ en las escuelas”. Mientras el clamor oscila más hacia el lado de una asamblea general. Esta última instancia, el peor escenario para el gobierno saenziano, debería plantear la reapertura de paritiarias, un reclamo de llevar el mínimo cerca de los $ 100.000 –apenas por encima de la línea de pobreza- o bien un plan de lucha a mediano plazo.
NdR, 29 de mayo de 2022.
