#DigitoPunturaElectoral
F.P.
Los vaticinios reeleccionistas del oficialismo, a lo mejor, descansan en las fuertes versiones acerca de una empresa israelí contratada para el conteo de votos de las presidenciales del año próximo. A poco más de un año de realizarse esos comicios, por estos días ya surgió una temprana advertencia sobre el aparente fraude en preparación.
El ingeniero en telecomunicaciones Ariel Garbarz planteó a mitad de semana una alerta democrática, debido al intento de “meter una caja negra privada y extranjera en el corazón de las elecciones argentinas”. El experto contrapuso que el conteo de votos “debe ser público, auditable, trazable, nacional y soberano”, así no haya “nunca más una elección argentina procesada por una caja negra privada”. Al revés de lo que sucede en Salta desde comienzos de la década anterior.
Al respecto, Garbarz recordó una arremetida similar durante el gobierno del macrismo, antecesor teórico y práctico del mileidismo. En aquella ocasión, los heraldos del tecnofraude se floreaban lingüísticamente con apelativos a la “innovación”, “ciberseguridad” y “modernización”, aún sin trascender otra destreza que la de conectar una notebook al tomacorriente.
Sin embargo, el especialista sintetizó que “el olor es el mismo de siempre: controlar el escrutinio desde un software que el pueblo no puede auditar”. Como tampoco la oposición y ni siquiera la justicia electoral.
Tal como lo intentó el macrismo, de la mano de la firma Smartmatic, macaneando con que esto equivaldría a “eficiencia”, a “tecnología”, y hasta a “progreso”. Sin embargo, detrás de tales sofismas en realidad había “una arquitectura para que la información electoral saliera de las escuelas, pasara por sistemas cerrados y terminara procesada por una empresa privada”. Es decir, una “caja negra electoral”.
El propio Garbarz recordó su denuncia pública de entonces -a fines de 2018- cuando el ministro del Interior de entonces, Rogelio Frigerio, había preacordado que Smartmatic scannearía y transmitiría desde las escuelas hasta un centro de cómputos privado toda la información sobre los comicios. Aunque con un programa inaccesible a los fiscales informáticos de todos los partidos y de autoridades de la justicia electoral.
Además, recordó el Ingeniero en Telecomunicaciones en cuanto al riesgo no circunscripto el centro de cómputos, también “en el escaneo”, “en la imagen del telegrama”, “en la ruta de transmisión”, “en los servidores intermedios”, “en el software cerrado” y en todo aquello inaccesible al monitoreo ciudadano. “Ahí estaba la trampa”, rememoró.
En paralelo, puntualizó que como réplica a estas denuncias públicas el oficialismo de entonces desempolvó una de las tantas Organizaciones No Gubernamentales, azuzadas para cuestionarlo, pero no para exigir auditoría pública de aquel preparativo electoral. En desmedro de la transparencia y de la democracia, solamente a favor del mecanismo de “caja negra”.
A medida que el macrismo lanzaba estos contra ataques, “Smartmatic ya mostraba en su propio material comercial qué hacía Election-360”. Según este spot, publicitaba la recopilación de “datos del campo electoral apenas ocurrían los eventos y los transformaba en información ´valiosa y manejable´”. Anuncio en el que la palabra más significativa era “manejable”, pues remite indefectiblemente a macaneo con los datos.
Frente a ello, ayer como hoy, Garbarz considera que “una empresa privada no debe tener capacidad de convertir datos electorales dispersos en información ´manejable´ dentro de una elección nacional”. Una instancia cívica de estas características debe ser auditable por todos los ciudadanos, en lugar de entregarla a un mecanismo de “caja negra” solamente controlada por pocos.
Y si bien aquel folleto no completa en sí mismo el fraude electoral, remite a un hecho de gravedad como “la capacidad técnica para centralizar, procesar, supervisar y gestionar información crítica de los comicios en tiempo real”. De manera tal, “cuando esa capacidad está en manos privadas, con software cerrado y sin control ciudadano real, la democracia queda arrodillada ante una plataforma”.
En general, sintetizó que “la trampa no siempre es cambiar votos en una urna”, sino, “a veces la trampa es más sofisticada: controlar el flujo de información, administrar tiempos, filtrar inconsistencias, ordenar cargas, gestionar incidencias, dominar el relato del escrutinio provisorio. Eso también es poder electoral”.
De todas maneras, ante las advertencias públicas el macrismo optó por dejar de lado el uso de aquella caja negra encargada a Smartmatic, firma offshore vecina a las costas venezolanas. Pero no dejó de ser un alerta, respecto a la capacidad técnica para macanear con una elección nacional.
Poco menos de una década después, el mileidismo vuelve al mismo cuentito. Aunque en lugar de Smartmatic, la insistencia actual sean las “nuevas corporaciones”, las menciones a “ciberseguridad”, “IA”, “modernización” y “acuerdos tecnológicos”.A lo que se sumó el desmantelamiento del Correo Argentino, la empresa con mayor expertise en la logística de una elección nacional.
Es decir, para Garbarz, “cambian los nombres”, “cambia el envase”, “pero el objetivo es el mismo: meter software privado donde debería haber control público”. Por ello, instó a la reacción de aquellos quienes aún persisten en suponer “que la democracia se defiende con buenos modales frente a corporaciones que manejan datos, algoritmos y Estados”.
Frente a todo esto, el experto remarcó que -mucho más unos comicios presidenciales- pero todo escrutinio electoral “debe ser público, auditable, trazable, nacional y soberano”. En abierto rechazo a toda “elección argentina procesada por una caja negra privada”, altamente susceptible al manoseo y al fraude.
NdR, 4 de junio de 2026.
