#BolsillosALaMiseria
M.R.
Los primeros pasos en el penúltimo mes del año presagian balances magros, por parte de dos tercios de la ciudadanía. En gran medida, por el panorama cada vez más empinado que presenta para los prójimos la economía mileidiana, en particular a la mirada de jubilados y pensionados.
Esta especie en extinción que increíblemente sobrevive en medio de la hostil garroteada -tarifazos, devaluación y aumentos de precios- debería acceder a un bono de $ 131.676 en los próximos días, según el cálculo realizado por el economista Ismael Bermúdez. Sin embargo, seguirá cobrando casi la mitad: $ 70.000, en medio del huracanado deterioro de la moneda criolla.
El parámetro tomado por Bermúdez es el DNU 274/24 promulgado durante el actual gobierno nacional, el cual disponía de una variante sui generis de movilidad jubilatoria y ligada a una mezcla de variables y antojos presidenciales. Aún así, la progresión hubiese provisto un bono de $ 89.165 en el pasado mes de abril $ 98.982 en mayo y $ 107123 en junio. Hasta arribar a noviembre, cuando debió haber ascendido hasta los $ 131 mil antes mencionados.
En contraposición, la diferencia en menos que se depositó en cada cuenta bancaria de jubilados y pensionados expuso la regresión a la que sometió el oficialismo a todo el sector. La espina dorsal sobre la que aserró la motosierra Stihl, enancando el superávit fiscal con el cual se pavonean timberos en el ambiente bursátil (con o sin asiento en el 5º piso de Yrigoyen 250, sede del Palacio de Hacienda).
De modo tal, ya en abril los de sienes plateadas arrancaban con un -$ 19.192, -$ 28.982 al mes siguiente, -$ 37.723 en junio, y -$ 42.224 en julio. Mientras, en agosto la pérdida fue de -$ 47.365, -$ 52.095 en septiembre, -$ 57.223 en octubre y finalmente este mes alcanzará a -$61.676. Casi el monto total del bono otorgado por el Ejecutivo nacional.
Esto sucede en un contexto general, según el cual noviembre asoma con el puñal bajo el poncho. Con incrementos de 4 % en combustibles (otro coletazo proyectándose hacia las góndolas de supermercados), 2,5 % en electricidad, 2,7 % en gas, y 4 % arriba en tarifas de agua y saneamiento.
Un panorama equiparable en la preocupación de jubilados, como del resto de los asalariados, trabajadores informales y desempleados. Con las deficiencias del caso, medidas por el INDEC y su propensión a ponderar a la baja el impacto de los servicios públicos en la canasta de bienes y servicios. Con lo cual le posibilita a Casa Rosada darle con respirador mecánico un airecito a la esperanza citadina, pero que no se palpa en los bolsillos.
Gráfico: Ismael Bermúdez.
NdR, 2 de noviembre
