#AntidopingFuncionarios
F.P.
Aunque el territorio asome como campo repleto de rastrillos, nada parece amilanar la vocación saenziana por ganarse el favor de Casa Rosada. Al inicio del segundo mes del año, la señal en tal dirección está resumida en la convocatoria a extraordinarias al Legislativo provincial con la meta de tratar el DNU del antidoping a funcionarios públicos.
En contraste con las recomendaciones de solventar vacaciones pagas en Ulan Bator al asesor ideólogo de dicha norma, el Gobernador pitó el silbato para el próximo encuentro en Mitre 550. Lo que en una de esas sirva como para incluir en las manifestaciones el interrogante por el transcurso de otra semana, sin un pedido de reforma constitucional sobre la mesa de debate.
Allí, el oficialismo seguramente se topará de frente con los heraldos del sector violeta local. A quienes nadie quita de su panorama la determinación de ir por la Gobernación el año que viene, incluso, los pasos de comedia que involuntariamente suministra el oficialismo vernáculo.
De hecho, un buen tiempo atrás, en el atardecer de 2025, esta misma cámara ya rechazó un proyecto que planteaba esta obligatoriedad de los narcotest, aunque solamente a funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo. En noviembre pasado, la Cámara baja en pleno rechazó esa iniciativa del diputado Juan Esteban Romero, representante del juanestebanismo (ahora) violáceo.
Y ahora no se trata de eludir el fomento del anti juanestebanismo, sino del inconveniente identitario que acarrea el propio saenzismo. Cerca del mandatario provincial consideran genuino el copyright reclamado por el titular del Ejecutivo gaucho, respecto al ideario neomenemista que él viene cultivando desde hace tres décadas. En cuyo caso, el intruso vendría a ser el mileidismo.
La invocación parlamentaria tampoco apunta a dotar de un ropaje inédito al palacio situado en Mitre 550, asignándole de repente un rol de discusión y control de la dinámica estatal que en momento alguno cultivó en los últimos 6 años. A tal punto que la sanción de normas o los pronunciamientos de sus integrantes, ni siquiera son registrados por el GPS ciudadano.
De todas formas, un atisbo de debate tal vez se produzca alrededor de la naturaleza de la norma (un Decreto de Necesidad y Urgencia), además del alcance sobre los tres poderes. Un asunto que, de refilón, ahonda la preocupación por la restitución de jurisdiccionalidad en las regiones Este (al sur y al norte de este punto cardinal) y Sur del mapa provincial.
El DNU Nº 32 prescribe como condición para ingresar a cargos de mando en el Estado provincial estos controles toxicológicos, realizados de manera aleatoria. Lo cual, paradójicamente, incluye precisiones sobre un contradictorio procedimiento para garantizar la “confidencialidad”. Lo cual parece ir en contra del espíritu de la norma, así como también del carácter público del funcionario eventualmente sometido a este narcotest.
El texto original prevé que estos exámenes resulten susceptibles de hacerse del Gobernador, los integrantes de la Corte de Justicia y los titulares de ambas cámaras parlamentarias, y de ahí hacia abajo. Es decir, incluyendo a Ministros del Ejecutivo, legisladores provinciales, Ministerio Público, intendentes y concejales, así como a los diferentes ámbitos de la función pública.
En medio de un montón de uñas socavando el occipital, la Secretaria General de la Gobernación Matilde López Morillo encuadró este DNU en el paso hacia la “transparencia” y en la renovación de “la confianza” de la población. Lo que, antes que los narcotest, pareciera apuntar hacia el voto electrónico como la variable necesaria de ajustar para contribuir a sendos objetivos.
Según la funcionaria, “ejercer un cargo público exige ser idóneo para llevarlo a cabo y también exige tener ética, que no puede estar turbada o nublada por algún consumo problemático”. De acá en más, la meta del oficialismo será aprovisionar de épica al DNU que garantizará el uso pleno de los 5 sentidos a la hora de gobernar. De ahí en más, el ítem a evaluar serán los resultados y el beneficio para el millón 100 mil salteños. La prueba másdura, valga la redundancia.
NdR, 1 de febrero de 2026.
