#Gastos #Prensa #Judicialización
F.P.
En un embrollo de dimensiones se metió la Secretaría de Prensa provincial a los fines de hilvanar algo parecido a una respuesta sobre los gastos en publicidad oficial, pese a los cuáles no consigue torcer el rumbo de la gestión actual a los ojos de la opinión pública. Sucede que no es tan simple de responder el pedido de informes hecho por la ONG Salta Transparente el pasado 20 de abril por el alambicado sistema de toma de decisiones vigente.
Cuando transcurren casi 10 días de aquella solicitud de la entidad civil (Ver artículo “Como el misterio de la Quebrada”, link en parte inferior), Secretaría de Prensa deberá pedir autorización a Coordinación Administrativa, y ambas al consultor Juan Pablo Rodríguez, ex ministro U y autopercibido como “operador político” en un opúsculo que despertase tempranas carcajadas. De modo tal que este es el intrincado trayecto que deberá seguir lo demandado por Salta Transparente.
A ello se debió que el titular formal del área, el locutor Víctor Lamberto, solicitó un “waiver” momentáneo a la institución, pero en esta misma epístola se comprometió a responder “a la mayor brevedad” que se lo permita el esquema Prensa-Coordinación-J.P. ROdríguez. Y eso que la solicitud le pidió datos por encima, nomás, tales como criterios de distribución de los avisos y gastos realizados en los últimos ejercicios mensuales o bimestrales.
“La respuesta de la Secretaría de Prensa y Comunicación fue emitida dos días después de que comunicáramos a esa dependencia que iniciaríamos acciones judiciales ante la falta de respuesta a nuestras presentaciones”, detalló este jueves el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, titular de Salta Transparente. Y digan que el letrado antes mencionado no incluyó en su pedido un detalle a la luz de parámetros de eficacia y eficiencia de tales erogaciones!
De lo que consiguió autorización para ofrecer explicaciones, Lamberto señaló en su nota de respuesta que la pandemia de COVID-19 dificultó actuar con celeridad, respecto a lo solicitado por ST. Dado que son muchos los empleados de esta dependencia que “pertenecen a los denominados grupos de riesgo”.
Y dado que Prensa es la encargada de “la recopilación de la información que se solicitó”, al día de hoy “se desempeñan únicamente dos personas, la Directora General y una empleada administrativa”. Una precisión que evidentemente lo deja afuera del cumplimiento de tales labores, reconocimiento inédito en la historia de la administración pública. Y ni qué decir de los demás periodistas contratados por el Ejecutivo provincial en Prensa, con este estigma casi imposible de remontar.
Sin embargo, Salta Transparente le recordó a los dos superiores a quienes remite Lamberto que dichas “solicitudes fueron presentadas en noviembre de 2020”, o sea, “hace más de cinco meses”. Esto le permitió apelar, hasta aquel momento “de la facultad excepcional de prórroga que prevé el artículo 11 de la Ley 27275, de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada, como ahora sorpresivamente argumenta”, le refrescó la entidad a sus dos superiores.
Otro elemento contradictorio en la respuesta oficial, granada a la que saltó Lamberto cuerpo a tierra, fue a una flagrante falsedad argumental en comparación con lo pretextado en nota formal hace cinco meses. En concreto, que toda la información solicitada en noviembre de 2020 como a mediados de abril de 2021 estaba a “disposición” para ser consultada por la ONG. Una promesa que ST expuso como lisa y llanamente “falsa”. Algo que además fue documentado en sendas actas notariales “labradas el 6 y 8 de enero” pasados.
Y aún si esta sucesión de tentativas de timos no fuesen tales, “la pandemia no suspende el ejercicio de derechos constitucionales, como lo es en este caso, el de acceder a información pública”, recordó Guzmán Coraita. Por lo cual, detalló que en una nueva presentación formal efectuada por Salta Transparente el pasado 26 de abril refutaron los argumentos que le hicieron cargar a Lamberto.
Por ello, igualmente le advirtieron al titular formal de Prensa que al ser quien pone el nombre y da la cara por terceros, le iniciarán “acciones judiciales que correspondan en caso de que la información no nos sea brindada en un plazo de diez días hábiles”. El emplazamiento que hizo ST a Prensa expirará el 10 de mayo próximo.
De acá a los siguientes 10 días, Prensa de la Gobernación deberá informar acerca de “medios que recibieron pauta oficial, contrataciones de consultoras, medios y periodistas nacionales que recibieron publicidad durante el 2019 y copias del expediente de contratación de la firma Praxis SRL”, entre otras cuestiones pertinentes. Como indica el adagio campestre: acércame la tropilla pa´l corral, y agarrame el alazán, agarrame el alazán.
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NdR, 29 de abril de 2021.
