#PautaProvincial #Medios #FaltaTransparencia
Por: F.P.
A la falta de criterio razonable en el texto del proyecto de ley Troka, el convenio con la cuyana Praxis que igualmente impulsa el Ejecutivo provincial le suma más oscurantismo en cuanto a distribución de avisos oficiales. Este contrato con la firma mendocina, publicado –en versión sepia y con poca tinta de impresión- en el boletín oficial el pasado 3 de septiembre, impide expresamente la posibilidad que terceros auditen la metodología a partir de la cual esta “consultora” medirá el alcance de medios de prensa salteños y, por ende, asistirá al saenzismo en el reparto de publicidad estatal.
Efectivamente, la cláusula Tercera del acuerdo firmado un mes atrás por el Secretario de Prensa, Víctor Lamberto, y el titular de Praxis, Dardo Lucero, resulta elocuente al respecto. En este apartado se establece que el mendocino se obligará a “guardar secreto de los datos, informaciones, fundamentos, conclusiones y todo instrumento u opinión que forme parte del dictamen, de las circunstancias o de los elementos aportados”. Cabe recordar que este articulado no refiere a la confidencialidad que enmarca al famoso jarabe que atesora en la ciudad de Atlanta –EEUU- The Coca Cola Company.
Sin embargo, por estas regiones vallistas alguien parece creer esto último como un verdadero dogma (es de esperar que al menos sea uno propio). En el último párrafo de esta parte Tercera, insiste que “dicha obligación de confidencialidad se conserva aún finalizado el contrato” o sea, al cerrar el próximo mes de enero de 2021 y más allá. Lo que impedirá saber si, en realidad, Lamberto adquirió y pagó por un ajuar de vidrios de calidad dudosa o un prodigio sociológico que permite medir ratings, share y consumo de medios como ni siquiera tienen hoy a nivel de AMBA.
Con los hits “Sobisch 2007” y “Lavagna-Urtubey 2019” sobre los hombros, el Ejecutivo gaucho le dio a Praxis la tarea de ofrecer “asesoramiento estratégico en medios de comunicación”, nada menos. Claro que tal recomendación deberá ser por lo bajo, es decir más allá que el Legislativo provincial, la Auditoría General de la Provincia, la justicia criolla o los medios de prensa (casi seguro) damnificados por tales consejos, puedan plantear en sus objeciones.
Con todo esto, la conceptualización parece complementaria del proyecto de Ley Troka que, tanto la Coordinación Administrativa de la gestión saenzista como la Secretaría de Prensa machucan que su copyright les pertenece. En el artículo 12 de este texto, titulado “Criterios de Asignación”, se prescribe que los avisos se distribuirán de acuerdo al “alcance del medio de comunicación y/o soporte”.
Esta inserción social que a su vez estará definida “en función de su circulación o audiencia, para cuya determinación se tendrán en cuenta los indicadores de referencia en cada zona geográfica o segmento de audiencia, y los registros que el proveedor certifique mediante declaración jurada”. Es necesario remarcar que el “indicador” correspondiente al informe de Praxis será secreto y, por lo tanto, inescrutable como castigo divino administrado sin causa a la vista.
Un escenario embromado
Las resoluciones judiciales, las expresiones multisectoriales de malestar, la falta de efectividad en las líneas de acción trazadas y una incipiente molestia en el humor social, suelen asimilarse como indicativos de lo que muchos denominan “realidad”. Aunque en medio del hostigamiento de los malvados quelonios huidizos, tal vez para las autoridades no resulte tan notorio. En estas coordenadas parece ubicarse la gestión provincial, en cuanto a sus próximas acciones en materia de comunicación oficial.
Los indicadores epidemiológicos -tasa de letalidad al doble que la de Tucumán, tiempo de duplicación de casos 3,3 veces mayor que el de Jujuy- van en directa proporcionalidad a la percepción social sobre la comunicación y el manejo en general del escenario (Ver artículo “Un gran tropezón en la imagen de gestión”, NdR 6 de octubre de 2020). A lo que el Ejecutivo gaucho sólo parece dispuesto a dar como respuesta este convenio con la consultora Praxis y la presentación ante el Legislativo provincial del proyecto de Ley Troka.
Esto último, en contraste con lo ordenado por la justicia salteña en junio de 2015. En esta fecha se emitió el fallo contra el Ejecutivo provincial en el caso “Gonza, Juan Guillermo vs Provincia de Salta”, causa judicial N° 488071/14 (Ver artículo “Regla dorada para el reparto de pauta oficial”, NdR 5 de octubre de 2020). En ella, además de restituir avisos oficiales al mencionado empresario periodístico exhortó a dictar una ley que asegure avisos oficiales a medios de difusión informativa y de opinión, más allá del parecer del gobernante de turno o del que guíe a sus corre-ve-y-diles.
Los Gonza, tanto el director del semanario Nueva Propuesta y su hijo –editor de la revista Viaje de Pesca y el programa televisivo del mismo nombre- adujeron contra la gestión Urtubey “la suspensión, reducción y posterior quita total de publicidad oficial de forma arbitraria y discriminatoria”. En función de lo cual se alegaron violaciones a “las Constituciones Nacional y Provincial y tratados internacionales”, los que lejos están de ser secretos y/o confidenciales. Mucho menos, de tener como depositarios a cofradías, logias, consultores u oráculos que sólo dan sus revelaciones contra entrega de cifras millonarias.
(*) NdR, 9 de octubre de 2020.
