Una detención en medio de una riña de gallos, el ingreso de menores a una comisaría, apremios ilegales que presuntamente fueron cometidos por cuatro policías y una especie de subvención para evitar el relato de lo anterior. Todos los elementos que incluyó la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, en su requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías 8, para elevar esta causa a juicio.
La misma tendrá como imputados a cuatro integrantes de la Comisaría 30 de San José de Metán, acusados de delitos como vejaciones agravadas por el uso de la violencia, en calidad de coautores. Estos achaques penales recayeron sobre los policías Silvio Gustavo Orellana, de 31 años Marcos Manuel Néstor Fernández, de 39 María Josefina Villagrán, de 24 y Víctor Daniel Gallardo, de 41.
La investigación se inició, luego de la presentación hecha por la madre de los chicos -12 y 15 años-, quien relató que el 30 de enero de 2017, entre las 18:30 y la medianoche, los efectivos policiales identificados como Marcos Fernández y Silvio Orellana, golpearon a sus hijos en el sector de la cocina de la Comisaría 30.
La señora detalló que sus hijos habían sido detenidos, a partir de una denuncia de un hombre que los acusó de robo, en el marco de una riña ilegal de gallos. Al concurrir al establecimiento policial y luego encaminarse hacia un hospital para que los menores recibiesen atención médica, uno de ellos le relató que el policía Marcos Fernández le había ofrecido $ 100 para guardar silencio respecto a tales hechos.
En efecto, el informe médico del CIF realizado el 31 de enero de 2017, indicó que el menor de 12 años presentó “contusión con equimosis en región retroarticular izquierda, con referencia a compresión manual en cuello y nuca lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.
En tanto, el examen realizado al menor de 15 indicó “equimosis en pómulo y ala izquierda de nariz, escoriación con impronta de uña en brazo derecho, escoriación lineal en pliegue de codo derecho, con referencia a golpe en región de la nuca, lesiones producidas por golpe con elemento duro y romo”.
En sus fundamentos, la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, sostuvo que el accionar de los acusados, excedió los límites impuestos por la Ley N° 7742, que autoriza a las fuerzas policiales a “hacer uso de la fuerza pública cuando fuere necesario” , ya que las lesiones constatadas en la integridad física de los menores permiten sostener que la conducta desplegada por los imputados afectó el umbral mínimo requerido y la afectación de los derechos del sujeto pasivo, que recayó en la concreta violación de su dignidad e integridad personal.
Además, en el decreto de imputación se consignó que el sufrimiento infligido tanto al momento de su detención como luego, mientras estaban en la Comisaría, “sin lugar a dudas, configuró un trato denigratorio y humillante, físico y verbal, que tuvo por fin mortificar a las víctimas, lo que produjo un ataque a su dignidad que merecían como personas”. Y un elemento extra es el del intento de comprar la voluntad de los menores, para evitar ser descubiertos.
NdR, 11 de agosto de 2020.
