#Tupacamarizacionprovincias
F.P.
La insularidad como línea de acción en varias provincias es el factor sobre el cual se recuesta el mileidismo al proyectar un tránsito favorable del proyecto de Ley Ómnibus en Cámara alta. Mientras en la oposición sugieren que tal diseño en el catastro de Senadores puede no dar con esta aritmética y complicarle los sueños a puro rugir de la Stihl, la Moulinex y demás elementos cortantes.
La idea de “provincia alambrada” ha sido un elemento persistente en la última década, a partir de armados distritales mayormente sugeridos por el laboratorio de Guillermo Seita [NdR: emanado del cavallismo, actual consejero en varias provincias del centro del país y artífice de aquel espejismo denominado Consenso Federal]. Una modalidad de gestionar la política con variados guiños al Club de Dirigentes de la Embajada o Red de Acción Política (RAP) centrada en el ´cordobesismo´, el ´santafesinismo´ y otros ´ismos´ reñida con el federalismo.
Lo que en pleno mes de mayo de 2024 surge como a pedir de boca, por parte del mileidismo en su prisa por sancionar el mamotreto en Senadores e ir con enjundia el 25 de mayo a Córdoba. Por lo cual, el retobe hacia sus planes podría provenir de las provincias patagónicas y no por la Liga de los 6 (Patagonia + La Pampa) armada lejano tiempo atrás  -hace 45 días-, sino en función de la reinstauración del impuesto a las Ganancias. En el sur gravaría a gran parte de la población, pues es corriente contabilizar haberes por encima del millón ochocientos mil mensuales. 
De ahí, la partición del mapa político argentino pintado en diversos colores por el ministro del Interior Guillermo Francos. El funcionario se vale de la propia vocación insular de los mandatarios provinciales, a partir de una visión a corto plazo, según la cual toda gotera fuera del contorno de los limites bajo su administración es asunto intrascendente. Todo lo del vecino les resulta ajeno, podría decirse subvirtiendo la famosa frase de Karl Marx. 
Incluso, el mandatario catamarqueño Raúl Jalil ofrendó sus buenos oficios para con los colegas de la Mesa del Litio, a fin de convencerlos de prestar pescuezos en cuanto a la sanción faltante de la Ley ómnibus. En este armado con fuerte sesgo de multinacionales mineras, Jalil comparte foro con Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Aunque el primero tiene influencia relativa sobre los senadores por su provincia, mientras el salteño puede tirar una taba con Juan Carlos Romero, pero el ex Gobernador cuenta con vuelo nacional propio en el mileidismo. 
Sin embargo, dentro de la propia fracción oficialista no cesan los interrogantes en cuanto a la sanción sin reparo alguno al proyecto a debatir en comisiones desde el martes que viene. Si esto ocurriese y le dieran al Ejecutivo nacional plenas posibilidades para maniobrar, incluso en terreno parlamentario, los senadores casi estarían rubricando su propia obsolescencia. Es decir, hasta los oficialistas quedarían sin materia para negociar. 
Por esta razón, en algunos sectores menos mileidistas pero igualmente parados en el casillero más a la diestra sugieren frenar tanto descorchar. Algunos parlamentarios del ucerreismo adelantaron su determinación de introducir cambios en el apartado sobre las delegaciones de facultades, como también al Régimen de incentivo para grandes inversionistas. Dos sapos a los que los boina blanca adelantaron reparos digestivos, si bien la tracalada de batracios contenida en el proyecto de Ley ómnibus equivaldría a la opción de más o menos chimi churri para acompañar una media res limítrofe con la descomposición. 
A la espera de este epílogo, desde el Noroeste balbucearon -en medio del derrumbe en el consumo, la producción y, por ende, en la recaudación- la exigibilidad de otorgarle las ´herramientas´ al primer mandatario. Por lo que casi no cabe ahondar en cuanto a su preferencia por los instrumentos cortantes, todos dispuestos a la incisión en una carne que diera la impresión de haber pasado buen tiempo lejos de la heladera. Y sobre la cual no revolotea una mosca:  más bien, cientos de ellas.
NdR, 2 de mayo de 2024.