F.P.
La Federación
Argentina de Colegios de Abogados evalúa la posibilidad de presentarse como
querellante en la causa por espionaje que se tramita en el Juzgado Federal de Lomas
de Zamora. Así le adelantó este lunes en diálogo con NdR el titular de la Comisión de la
Defensa y director de la Comisión de Derechos Humanos de la F.A.C.A., Carlos
López de Belva, respecto a la causa en la que varias veces fue mencionado un
singular disertante agendado para el próximo jueves.
“No tengo
simpatía ni empatía con el temario y el perfil que se va a evaluar en ese
congreso, debido a las imputaciones por espionaje que hay contra el ex ministro”,
afirmó el letrado en una entrevista con este medio, en alusión a Germán
Garavano. El otrora titular de esta cartera durante el macrismo está agendado
para el 30 de julio, en una conferencia organizada por la Universidad Austral,
y de la cual se levantó polvareda entre los profesionales del Derecho salteños
(versará sobre la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en las
jurisdicciones de Salta y Jujuy).
Ante una
consulta de nuestro medio en relación a la causa que podría complicar la
situación de Garavano, investigada en el juzgado federal lomense, López de
Belva afirmó categóricamente que el lawfare actual “es mucho más grave” que los devaneos teóricos del golpismo como los que solía ensayar Mariano Grondona. Si bien el ex redactor de bandos
para gobiernos de facto, conductor televisivo y catedrático del Derecho
argumentó en un intento de legitimarlos, el grado de sofisticación de la ´guerra
mediante la justicia y los medios de prensa´ es una práctica que reviste mucha mayor
gravedad para el orden republicano.
Por la región,
los casos de lawfare se extendieron, a partir de 2009, desde Honduras con el
derrocamiento del mandatario de centro Manuel Zelaya, Paraguay con el “juicio
político” a Fernando Lugo (año 2012), Brasil con el “impeachment” a Dilma
Rousseff (2016), mientras se afincan desde el poder en Ecuador y Bolivia –en esta
nación, luego de un golpe de Estado a la vieja usanza.
En particular,
porque suponen “la institucionalización de una práctica”, apelando a herramientas
con apariencia legal como la justicia, los servicios de inteligencia y los medios
de prensa. López de Belva recordó que el año pasado la FACA ya denunció a
jueces y a servicios de inteligencia, debido al “lawfare” como artimaña que
equivale a un paso más hacia el fango y hace innecesario recurrir a las Fuerzas
Armadas, como sucedía de los años 30 en adelante.
Si, reconoció
su sorpresa al tomar conocimiento sobre el evento organizado por esta casa de estudios,
en el que Garavano tendrá a su cargo la ponencia principal. En contraste, el
miembro de la Federación aclaró que no tiene “valoración teórica o ética” que
valga la pena, como tampoco “ningún interés en lo académico” por la conferencia
en la que hablará el ex Ministro de Justicia de la nación.
De hecho, la Junta de Gobierno de la entidad que nuclea a todos los colegios de abogados del país –y es de suponer que
también integra el Colegio de Abogados de Salta- aprobó el 26 de junio pasado, dejando la instrumentación para la Mesa Directiva la ampliación de la denuncia “realizada en el año 2019 ante
el Relator Especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y los
abogados y que FACA se presente como querellante ante el Juzgado Federal de
Lomas de Zamora a cargo del Dr. Federico Villena”. Esto se debatirá en la reunión
que podría ser convocada para los próximos 60 días y resolverá las medidas que considere oportunas, según conjeturó el
especialista, quien detalló que la FACA viene realizando los últimos encuentros
a través de la plataforma Zoom. Por caso, el Colegio de Abogados de La Plata ya está incorporado como querellante en este caso.
A su vez, López
de Belva recordó que en la Junta de Gobierno que la Federación realizó el 29 de
marzo de 2019 ya había adelantado su “preocupación” por aquellas “denuncias de
corrupción mezcladas con operaciones de inteligencia”. En este pronunciamiento
de FACA (desde NdR conjeturamos que con presencia de la entidad salteña),
advirtieron que éstas “ponen en jaque a la justicia argentina” y
específicamente a la que tiene como jurisdicción Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Luego de estas
deliberaciones en suelo puntano, el achaque fue que esta anomalía excede “cualquier
límite de razonabilidad, acentúa la pérdida de confianza, credibilidad y
prestigio que la sociedad le reclama”. Expresado en plena vigencia del gobierno
anterior, en el cual Garavano era el titular de la cartera de Justicia, no un
disertante como el de estos días.
NdR, 28 de julio
de 2020.
