#ViajarSinResguardo
Con la situación social en picada, desde el sudeste provincial surgió una controversia que llevó al punto máximo de tensión a remiseros, Municipalidad de Joaquín V. González, AMT y remises ilegales. La disputa viene de una semana atrás, cuando los conductores manifestaron en el empalme de ruta nacional 16 con la ruta 5, cerca de la ciudad cabecera del departamento de Anta, frente a la falta de respuestas de autoridades comunales y provinciales.
Esta modalidad de protesta se dio, tras comprobar los conductores de remises la inacción de Tránsito de la Intendencia gonzaleña y de la inexplicable Autoridad Metropolitana de Transporte. Los profesionales del volante oblan cada mes $ 60.000 por tasa de fiscalización por parte de la AMT, pese a que ante esta problemática porfió en su determinación de continuar de brazos cruzados (al igual que frente a la lilegalidad uberiana capitalina).
En tanto, el ejercicio de esta modalidad de transporte de pasajeros obliga a pagos mensuales por $ 100.000 (de los más onerosos en toda la provincia) al Ejecutivo municipal gonzaleño, el que también se “aemetizó” si hablamos de permanecer sobre la hamaca paraguaya. De nada sirvieron las reuniones de los conductores con la Directora de Tránsito, Mercedes Ruiz, tertulia en la que sólo recibieron un mix con respuestas burlonas y evasivas.
Los remises legales suman una veintena de conductores, cada uno con resultados óptimos en exámenes psicofísicos y sapiencia en normas de tránsito, así como en el control de las unidades por parte de REVESA y la contratación de seguros al día. Pero en los últimos meses terminaron superados en una vez y media en cantidad por los remiseros ilegales, sector que ya suma poco más de 30 choferes, contabilizando los de JVG, Gaona, El Quebrachal y Las Lajitas.
Desde una década atrás, la cada vez más enclenque prestación del servicio masivo de transporte de pasajeros por parte de La Veloz del Norte hacia la región sudesteña revitalizó la actividad de los remises legales. Incluso, la tarifa cobrada a cada pasajero fue regulada por la Municipalidad gonzaleña de modo tal de garantizar un precio inferior al del pasaje en colectivo.
Sin embargo, en el último año la irrupción de conductores ilegales empujó hacia abajo el precio que éstos últimos cobran a cada pasajero trasladado. Claro que en este caso, sin ningún tipo de garantías en cuanto a seguridad en los viajes, cobertura en caso de accidentes o idoneidad psicofísica. Rubros en los que el Ejecutivo gonzaleño y la AMT desvirtuaron como si fuesen asuntos triviales, como si nadie pagase por regular esta actividad y con cierto desdén por la ciudadanía.
NdR, 2 de noviembre de 2026.
