Lo que se puede evitar

Los cortocircuitos interjurisdiccionales por resolver, pero en ámbitos a los que no debería haber llegado un asunto institucional. Los huecos dejados por los roles incumplidos como conclusión preliminar. Un panorama de lo que deja este primer tranco dado en el mes.
Hace 6 años F5 EN LA PUJA

Por: M. Rocamora.

La discrepancia entre el Ejecutivo nacional y su par salteño, en torno a la carta blanca policial dada con la excusa de la pandemia plantea un asunto a pensar largo en el oficialismo gaucho. Un frente de discordia con Casa Rosada es desaconsejable en el actual contexto de relativa armonía que habían transitado ambas jurisdicciones, aún al tanto de cierto desmarque que desde nuestra provincia refrescan cada tanto los heraldos grandbourgianos.

Uno de los puntos que, quizás, sea conveniente revisar es el de la articulación legislativa, en relación a los lineamientos emanados desde los funcionarios que habitan la Casa de Gobierno, en Avenida de Los Incas. Nótese que los inquilinos de Mitre 550, tienen pendiente dilucidar con qué temas y herramientas están haciendo política, la que muchas veces no equivale a esos rearmes partidarios tipo Jockey Club de Buenos Aires o Club 20.

Una respuesta con cierta sorpresa, en referencia a quiénes hacen política hoy en nuestro distrito, posiblemente remita al desenvolvimiento del Ejército Argentino o el Ministerio Público Fiscal. El primero, acudiendo a las barriadas más cimarronas y a los parajes menos visitados por casi nadie, con algunas que otras vituallas, aunque mejor aún con la oreja bien atenta al planteo vecinal. El MPF, en una senda similar.

El titular de este organismo, Abel Cornejo, ofreció este miércoles en Diputados un muestrario de gestión y además de política de gestión (equivalente al aceite que le permite andar como maquinaria a la primera). Allí adelantó los cambios que este jueves se registrarían en la Fiscalía de DDHH, con el encumbramiento de Verónica Simesen de Bielke como su nueva titular. Más una sintonía con lo que reclama la Secretaría de DDHH nacional, a fin que sea la Corte salteña la que determine el control de constitucionalidad sobre el DNU 255.

Pero la necesidad de un dique de contención a estas eventualidades descansa en el Legislativo, dada su labor de supervisión y monitoreo de las cuestiones resueltas en los otros poderes del orden republicano. El repaso por la agenda de debate que Mitre 550 se dio en lo que va de la temporada (prevención y atención médica ante intoxicación con químicos, regulación del mercado de la hoja de coca y la modalidad de las sesiones, en líneas generales) es bastante carente de sustancia.

Sólo algunos planteos e iniciativas, tales como la incorporación de la Odontología Forense al CIF o el alerta por lo que el diputado Daniel Sansone denominó un “festival de nombramientos” en la Coordinación Administrativa, movieron o deberían mover las agujas.

Mientras tanto, este viernes un joven de Apolinario Saravia denunció haber sido detenido ilegalmente por la Policía de Salta. En un paseo interruptus, el muchacho adujo que al recibir la orden de detenerse los uniformados “efectuaron disparos con armas de fuego”, de acuerdo a lo recogido por diario El Tribuno, en otro de estos hechos que abonan y dan sustento al planteo formal realizado por la DDHH de la nación.

NdR, 3 de julio de 2020.  


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