La amenaza al
empleo es otra de las que penden sobre la cabeza del proletariado en estos días
de emergencia sanitaria. Lo repasamos este fin de semana, en nuestro artículo
sobre el contingente de operarios traído hasta suelo anteño desde Chaco,
Formosa y Corrientes por la firma de capitales españoles “La Moraleja”, máximo
contribuyente y como una suerte de Blaquier para el caso del municipio de
Apolinario Saravia (ver “Resistir al PP: la única enseñanza”).
Una
recopilación de incumplimientos de esta naturaleza fue la que confeccionó el
diputado Claudio Del Plá (FIT), en el que las mineras o firmas relacionadas
figuran a la vanguardia. En primer lugar, el legislador citó el caso de la
empresa “Contreras Hnos”, junto a otras dos subcontratistas de la minera Liven
Minera del Altiplano S.A. (Salar del Hombre Muerto), la que dio de baja a 800
trabajadores.
Un caso por el
estilo es el que expusieron los obreros de la firma AGV contratista de la
minera Mansfield –homónima de Jane, la sex symbol de los 50, predilecta del
poder provincial- que despidió 3 trabajadores. Además, el diputado de
izquierdas confirmó la encendida diatriba de los trabajadores de la salud, en
el departamento Orán, quienes exigieron instrumentos de trabajo que les permita
actuar en condiciones de bioseguridad. En el hospital de esta ciudad cabecera
departamental emitieron la advertencia que si esta carencia persiste, la
pedirán por vía judicial.
A esto se suma
el rosario de casos que le fuesen planteados a Del Plá por operarios de la
empresa de seguridad Guardián (haberes impagos, uso de transporte público,
elementos de higiene y seguridad, e incumplimiento al decreto presidencial para
la licencia de los mayores de 60 años).
Los casos con
similitudes a lo detectado este fin de semana en el establecimiento La
Moraleja, ubicado en Apolinario Saravia, fue el de la fábrica de especias Doña
Crisanta, por incumplimiento del derecho a licencia obligatoria para mayores de
60. En tanto, en las fincas La Abanderada como en Río Grande, ubicadas cerca de
Pichanal, al parecer no se les ofrece a los empleados ningún elemento de
protección o elementos que garanticen protección.
En Campo
Quijano, la granja Sayus fue sindicada por carecer de herramientas de
bioseguridad a sus empleados. El Café Martínez, sin ningún legislador de la
Cámara alta que lo respalde, también cayó en la volteada, luego de cerrar sus
puertas y enviar heraldos de lo más piolas que anunciaron que la patronal no
pagaría los salarios que está adeudando.
Por otro lado,
en la empresa Nubicom hubo 4 despidos el domingo 22 de marzo por encabezar
un reclamo salarial. En General Mosconi, Peterserv adeuda tres meses de
salarios; los encargados de edificios denunciaron que no se les paga el
transporte hasta su lugar de trabajo; y el call center “Atento” mantiene total
y absoluta incompatibilidad en las condiciones de trabajo para reducir los
riesgos de contraer el coronavirus.
NdR, 30 de
marzo de 2020.
