Por: M.
Rocamora (*).
El fiscal
federal que investiga a la empresa Atos, subcontratista de SAETA, por lavado de
activos confirmó este fin de semana que está al corriente de su actividad a
nivel local. “En CBI 2 están los directivos de Atos”, ratificó este fin de
semana el titular de la Procuraduría Contra el Lavado de Activos –PROCELAC-
Carlos Gonella, en relación al escándalo financiero que será juzgado en agosto
en los tribunales de Córdoba.
En el octavo
mes de 2020, por una maniobra que totaliza más de $ 2.000 millones del sistema
prepago del boleto urbano en aquella capital provincial, los ejecutivos Juan
Luis Dabusti, Raúl Alberto Toscano y Carlos Fernando Abril comparecerán ante un
tribunal federal presidido por Noel Costa. El encargado de llevar la imputación
en esta megacausa explicó este sábado que la concesionaria del cobro
electrónico del pasaje urbano usaba la intermediación financiera ilegal por el
cual el titular de CBI, Eduardo Rodrigo, ya fue condenado a 7 años de prisión
en 2019 en la primera parte de este juicio.
Gonella, representante
argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de
activos (GAFI), le confirmó al periódico salteño “Cuarto Poder” que “hay más
elementos probatorios”, además de un testimonio que resultan indicativos del
aparente pago de coimas por $ 400.000 mensuales a funcionarios de la
Municipalidad de Córdoba. En esta investigación, el periódico colega detalló
que lo de Atos-CBI es un “leading case”, por el cual la pista del lavado ya
derivó en coletazos que llevaron las pesquisas hasta la provincia de Mendoza
¿Por acá, cómo andaríamos?
De acuerdo a la
información difundida por la mencionada revista semanal, en la imputación a los
ejecutivos de Atos, -Dabusti, Toscano y Abril- el fiscal Gonella especificó que
“utilizaron la cuenta corriente N° 13567/2006 denominada ´puente – tránsito –
recaudadora´, en la que hicieron enjuagues con “los valores provenientes de la
actividad de intermediación financiera clandestina de CBI y monetizarlos”.
En abril de
2019, la ex secretaria administrativa de CBI, Marcela Barreiro, aseguró que el
director de la compañía “no quería pagar más coimas a la Municipalidad” y que
por ese motivo dio de baja el acuerdo con Atos/Siemens y Red Bus. Por aquellos
días, en tanto, el concejal cordobés Pablo Quinteros se presentó en la Justicia
Federal y pidió que "se investiguen los dichos de la testigo y cualquier
otro testigo que haya hecho referencia a la operatoria entre Siemens y CBI en
relación a la recaudación y rendición a la Municipalidad de Córdoba del cobro
de la tarjeta Red Bus".
En su sitio
digital, el edil por Encuentro Vecinal aseguró que "vamos a combatir
enérgicamente cualquier práctica de este tipo, que son un cáncer para la
política argentina, y perjudican de manera constante y sistemática a los
vecinos”. Además, Cuarto Poder reseñó que esta firma investigada por la
justicia federal de Córdoba, en nuestra provincia tiene un convenio que le
permite quedarse con un 6,4 % por el cobro anticipado del boleto metropolitano,
lo que en 2019 le permitió embolsar casi $ 113 millones.
(*) NdR, 7 de
marzo de 2020.
