#ONGApócrifaPresentaciónJudicial
#InspecciónGeneralDeJusticia
El agente de la
Metropolitana, Luis Chocobar, logró reunirse con autoridades de la cartera
salteña de Seguridad en nombre y a cuenta de una entidad apócrifa. Una
institución aún no registrada y cuyo financiamiento se encuentra algo más que en
duda, si bien desde el Ejecutivo gaucho
se atajaron indicando que no se firmó ningún convenio para capacitar al
personal.
A fines de
junio pasado, el policía condenado a dos años de prisión en suspenso y a 5 de
inhabilitación [NdR: la justicia federal porteña amonestó su propensión a
gatillar su pistola reglamentaria por la espalda de los destinatarios] proveyó
al Secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, de una cucarda idéntica a la que dos
semanas atrás entregó a la ex ministra Patricia Bullrich. Aunque la Inspección
General de Justicia de la nación ya denunció a la “directiva” de esta “fundación”
por delitos de acción pública.
Tal fue la
explicación que le dio el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, este sábado al
diario Página/12 al notar que la Chocobar jamás fue registrada ante el
organismo que él preside, por lo que tampoco cuenta con la autorización legal
para funcionar como ONG. Esta presentación formal recayó en el impulsor de la
entidad homónima –el suspendido agente metropolitano Chocobar- junto con los
abogados Ricardo Daniel Galeano, Fernando Soto, y Luis Cevasco.
Es probable que
el estreno de la “fundación” haya sido en Salta, cuando a fines de junio
entregó al funcionario antes mencionado y a la cúpula de la Policía provincial
una estatuilla que simula una columna con un corazón al medio. Si bien algunos
medios metropolitanos aseguran que una similar distinción a la presidenta del
Pro fue la premiación a Bullrich, por parte de la institución nunca registrada
como tal. Por todo esto será esencial un pedido de informes parlamentario que
tenga como objetivo dilucidar si el Ejecutivo provincial rubricó o no un
convenio con la Chocobar.
Por añadidura,
otra presentación hecha por Ricardo Nissen pidió que el Colegio de Abogados de
la Ciudad de Buenos Aires emita un pronunciamiento por la actuación del trío de
abogados y ante la sospecha que recibieron donativos a nombre de una entidad
que no está legalmente constituida. En esta advertencia, el Inspector General
llamó la atención respecto a la actuación de los abogados Soto, Galeano y
Cevasco.
En los últimos
días, la “fundación” o mejor dicho, los abogados que dicen integrarla asumieron
la representación legal de Facundo Amendolara. El joven integrante de la
Bonaerense es quien afronta una investigación judicial, tras los disparos
contra el cantante Santiago Moreno Charpentier.
Al respecto, Nissen fue concluyente al resumir que “no existe registro alguno
de la Fundación Chocobar”,
mucho menos como entidad de este tipo o como Asociación Civil. De igual manera,
no hay “ningún trámite iniciado con el fin de solicitar autorización” a fin de
funcionar de manera legal.
En la
presentación judicial hecha por la IGJ se mencionó que en el Estatuto de la
Fundación se remite a un documento “que luce como una escritura pública”, pero “sin número de escritura ni nombre del
escribano interviniente”. Aún así que según este dudoso instrumento “la fecha
de constitución de la personería jurídica habría sido el 29 de mayo de 2021”.
Pero de ello la Inspección General no recibió noticia alguna.
Con un aparente
inicio de actividades calculado en dos millones de pesos, constituidos por donaciones
y ahorros personales. Mientras que los aportes de terceros a la “entidad”
(varían entre los $ 300 y los $ 10.000) tienen como terminal la cuenta bancaria
personal de Luis Chocobar, alma mater de esta institución
autorreferencial.
NdR, 7 de
agosto de 2021.
