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La oposición al
larretismo porteño presentó este lunes un pedido de juicio político a cuatro
magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de Buenos Aires. Esta
presentación se hizo luego de una rueda de prensa en las puertas de la
legislatura, junto a una amplia convocatoria de todos los sectores que
conforman la comunidad educativa metropolitana.
Por ello, a la
par de los legisladores estuvieron organizaciones sindicales, centros de
estudiantes, cooperadoras, y familias autoconvocadas que luchan por la
educación pública y gratuita. El pedido de juicio político recae sobre las y
los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis
Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada
por una mamá en representación de su hijo, quien inició una acción de amparo a
los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un
establecimiento público.
Esta acción
también incluía el dictado en jornada completa dentro de un radio razonable a
su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una
vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
Pero el fallo del máximo órgano judicial citadino dejó afuera cualquier puerta
de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no
permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación
pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un
subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en
la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia
porteña que habían fallado en ese sentido.
La legisladora
Lorena Pokoik del Frente de Todos, abrió la conferencia de prensa al señalar
que "este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado
en conquistas de derechos”. La parlamentaria advirtió que “es un fallo
discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública,
no nos olvidemos que es el mismo gobierno que le pide a estos jueces que le
hagan un fallo a medida, que es el mismo ejecutivo que intentó cerrar los 29
profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó
cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos mejía y el que no cumplió con
la construcción de las 54 escuelas".
En el mismo
sentido, la diputada porteña manifestó que "este gobierno tiene un fuerte
desprecio por lo público, por la educación pública, que lo que hace es dejar
sin escolarización a los estudiantes para hacer lo que el mercado le pide:
pibas y pibes que salgan a laburar en un mercado precarizado".
Por el bloque
del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la diputada Myriam Bregman
aseguró que "esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este
escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el
inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este
fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo. Es un fallo inconstitucional
que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente
viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de
derechos".
A su turno, la
titular de prensa del sindicato docente UTE, Paula Caligna, afirmó que "en
este momento Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, se encuentra
declarando en la causa que le abrió el gobierno porteño, que está siendo
judicializada junto a otros compañeros de UTE y del gremio docente Ademys. Esta
maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el
gobierno porteño, que utiliza a la justicia para ajustar en educación".
Por su parte el
secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, afirmó que
"este tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones
del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del
centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación
pública".
De la jornada
también participó el gremio que nuclea a docentes privados SADOP,
"expresamos el enérgico repudio al fallo de éste tribunal que responde a
una misma matriz, que es el liberalismo económico, y desde la educación decimos
que no: la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión
educativa ya que cada año hay menor presupuesto en educación", destacó la
titular del gremio, Alejandra López.
De la
conferencia estuvieron presentes además, las y los legisladores del Frente de
Todos, Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria
Montenegro, Juan Manuel Valdes, Leandro Santoro, Javier Andrade, Santiago
Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de Izquierda y los
Trabajadores, el legislador porteño mandato cumplido, Gabriel Solano, el
legislador Pablo Almeyda, y la legisladora mandato cumplido Laura Marrone.
Entre las
organizaciones presentes participaron, Cooperadores en Movimiento, con su
titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho;
Amparo López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del
Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA. Entre las
adhesiones se sumaron las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea
Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión
Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria
Histórica y Social Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y
Buena Memoria, entre otras.
NdR, 28 de
diciembre de 2020.
