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La
Multisectorial de Mujeres de Salta exhortó al Ejecutivo provincial a brindar
una respuesta efectiva a las 8 Jefas de familias, desalojadas en un gigantesco
operativo policial el martes pasado del asentamiento Los Pinos, en San Lorenzo.
Con la adhesión de las abogadas del Instituto de Género del Colegio De Abogadxs
de Salta, el Comité de Latinoamerica y el Caribe para la Defensa de los
Derechos de las Mujeres, GEMA (Genero y Masculinidades), Unión Mundial de
Mujeres Americanas y Mujeres Trans Argentina se difundió este exhorto al final
de la semana.
“El desalojo
ordenado constituye una grave violación a los derechos humanos, en particular, el derecho a un nivel de vida
adecuado, a una vivienda digna y a una vida libre de violencia, tal como lo prescriben la
Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( art. 11), Pacto de San José de
Costa Rica (arts. 8 y 21), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 3,
12 ,27), lo establecido en el párrafo 2 h) del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención Belém do Pará”, recordó el
documento firmado por la titular de la MMS, Marta César.
Además,
puntualizó que “estos derechos cuentan con jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 CN, 14 bis CN)
y su efectivización resulta de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino por haber
suscripto los mencionados instrumentos Internacionales”.
A lo que se le adicionó el ordenamiento normativo local que exige que “al tomar
conocimiento de vulneraciones de derechos de este grupo de personas (Ley
Nacional 26061 y Ley Provincial 7970)” obliga a actuar a favor de estas 8
familias al Ejecutivo provincial como al municipal sanlorenceño.
En función de
este contexto normativo, las entidades civiles apuntaron a “que la
responsabilidad del Estado está comprometida, tanto por la acción de la Sra.
Jueza Zunino, que ordenó el desalojo sin garantizar realmente ese derecho (a un
nivel de vida adecuado), como por la omisión del Poder Ejecutivo en la adopción
de medidas y el silencio del Ministerio Público Pupilar”.
Esto último, a
pesar que “en la sentencia se resuelve dar intervención a la Asesora de
Menores, y oficiar al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia y a la
Cooperadora Asistencial de la Municipalidad de San Lorenzo ´a los efectos de
que verifiquen si las imputadas (...)poseen los requisitos necesarios, a
efectos de otorgarles una solución habitacional´, lo lógico y ajustado a
derecho, hubiese sido esperar respuesta de dichos organismos, a fin de no desamparar
y violentar una vez más, no solo a este grupo de mujeres, sino también a les niñes
que allí residían”.
A pesar de la
operatividad de tales normas y en vistas de la inacción de los responsables, el
colectivo de entidades civiles dejó expresada su perplejidad, ante la inacción “del
Ministerio de Gobierno, Derecho Humanos, Trabajo y Justicia (a cargo de Ing.
Ricardo Villada), del Ministerio de
Desarrollo Social (a cargo de Verónica Figueroa), de la Secretaría de Primera
Infancia, Niñez y Familia (Directora Lic. Ana Pastrana) y de la Asesoría
General de Incapaces (Dra. Mirta Lapad) y de todos los organismos competentes,
a los efectos de que actuen de manera inmediata, articulada y coordinadamente”.
Por ello, la
Multisectorial y las demás entidades mencionadas instaron al Ejecutivo
provincial a tomar “las medidas de acción positivas pertinente para garantizar
a estas mujeres y niñes puedan acceder a una vivienda para llevar a cabo una
vida en condiciones de dignidad”.
Crédito fotográfico: Anred
NdR, 20 de
noviembre de 2020.
