La antipatía de un desalojo

Por encima del Decreto de Necesidad y Urgencia 320 de este año, el juez de Garantías  Diego Rodríguez Pipino ordenó este viernes el desalojo de una docente embarazada y en situación económica angustiante. En tanto, Nancy Liendro, la profesora de inglés y turismo damnificada por esta extraña decisión “judicial”, exigió una audiencia con el Gobernador Gustavo Sáenz, a fin de mediar en este conflicto.

La orden del magistrado va directamente al choque del DNU resuelto en marzo desde Casa Rosada en marzo pasado. A tal punto que en mayo de este año, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa recordó que "el DNU que prohíbe desalojos y congela alquileres está absolutamente vigente" hasta el mes de septiembre de 2020. 

Con un embarazo de su segundo hijo y resuelta a dar clases a cambio de alimentos, Liendro recibió al final de semana la orden de evacuar una vivienda en ampliación de barrio Parque La Vega. Lo más llamativo de la resolución dictada por el magistrado Rodríguez Pipino es que la titularidad de estas viviendas se encuentra en litigio, luego de haber sido adjudicadas un par de veces a diferentes titulares, por lo cual su auténtico propietario es hoy una maraña que convierte a este dato catastral en un misterio.

En la tarde de este mismo día, NdR intentó comunicarse con Liendro para conocer más detalles sobre la situación planteada en esta vivienda ubicada en zona sur de nuestra capital. Pero dicha gestión fue infructuosa. De todas maneras, la docente le comentó al portal La Columna NOA sobre la situación de “incompetencia del sistema judicial que favorece a los sectores pudientes y políticos de turno”.

De todas formas, es dable especular que el Ejecutivo provincial será el primero en  buscar una solución para el problema judicial creado con el caso de Liendro, ya que la orden pasa por encima, no de una norma provincial, sino una cuya operatividad fue ordenada por el Ejecutivo nacional en todo el país.

En medio de una situación en la que la justicia, particularmente la de Salta, no pasa por su mejor momento esta decisión conocida hoy empeora este panorama. El magistrado que ordenó este desalojo es el mismo que un tiempo atrás se ocupó de la causa judicial iniciada por familiares de los brigadistas y perdieron la vida en 2014 en los incendios forestales en Guachipas.  

Liendro le detalló al sitio de noticias colega que la resolución judicial favoreció a “Vicente Apaza, que vive y trabaja en el Hotel de la Provincia en Iruya amparado por el gobierno de la provincia y quien no tuvo problemas para agredir y falsificar los hechos”. Y en referencia al magistrado, la docente alegó que “desconoció e ignoró a mi abogado Pablo Ochoa”, alcanzó a explicar en medio de la indignación.

NdR, 31 de julio de 2020.