#Descargo #Prado #Gasoducto #Caños
El abogado
Fernando Teseyra expresó su perplejidad, en relación a los razonamientos de la
fiscalía federal para hilvanar la acusación al intendente de Aguaray, Jorge
Prado, en el caso del gasoducto del NEA. “Sería bueno que la Fiscalía exponga
lo que imagina que sucedió con la sustracción de caños” del gasoducto del NEA,
le dijo este lunes el letrado a NdR. “Pruebas, no presentó”, resumió el
representante legal del jefe comunal, al graficar lo único existente en dicha
causa.
El cargo por
presunto fraude a la administración pública se hizo, aparentemente según duda
Teseyra, por dichos de terceros. La investigación está sustentada en una
resolución municipal para el traslado de los tubos abandonados hasta un lugar
en el que no contaminasen, pero no existe en esta disposición orden alguna para
su venta.
Por ello, remarcó
que no existen elementos en las actuaciones algo que objetivamente apunte a la
existencia relativa a la participación de Prado en una posible venta de dichos
caños. Cabe recordar que el actual intendente de Aguaray, había renunciado en marzo
de 2019 a la Secretaría de Medio Ambiente en beneficio de su candidatura.
El testimonio
de Dante Rodríguez, vinculado al conductor de camiones Miguel Cuéllar, llevó los
indicios hacia esta hoy famosa resolución firmada por Prado, ya como
intendente, el 23 de diciembre del año pasado. Cabe recordar que el 12 de noviembre
de 2019, según el expediente que tramita la Fiscalía Federal, Cuéllar fue
sorprendido en el paraje Alto La Sierra (ver nota “Prado: ¿Chivo expiatorio del
caso gasoducto”?, NdR 27 de agosto de 2020), en pleno traslado de 14 caños a
bordo de un colectivo modificado para esta tarea.
“La Fiscalía
infiere, por dichos del señor Rodríguez” qué es lo que podría haber sucedido, encuadró
el profesional del Derecho. Aunque “no
hay, ni fáctica, ni jurídicamente, elementos” que permitan suponer
responsabilidad penal por parte de Prado en la sustracción de caños del ducto,
indicó Teseyra este lunes.
En este
contexto, recordó que la resolución emitida en diciembre último, desde el
Ejecutivo comunal de Aguaray, se hizo con el único objetivo de preservar a los
pobladores, hasta hacer algo con el pasivo ambiental que había generado el abandono
de la obra en este tendido gasífero. “Por eso se dispuso su acopio en un lugar
seguro” donde no contaminara.
Ahora, “lo que
se debería saber es qué hizo la empresa OSYP S.A. con los caños”, retrucó
Teseyra. La utilización de remitos de una compañía minera y de otra firma
comercial son las pruebas a las que se refirió el abogado, al recomendar una
línea en la cual se podría profundizar esta investigación. Esto, dado que la
Resolución municipal carece de operatividad fuera del ejido municipal de
Aguaray, como que Prado no tuvo, ni tiene, vinculación con la firma mencionada.
NdR, 7 de
septiembre de 2020.
