Por: Federico
Pérez (*).
La intendencia
de Joaquín V. González mantiene una relación problemática con las cuestiones
íntimamente vinculadas o de los alrededores al coronavirus. Entre otros asuntos
igualmente pedregosos, como se verá a continuación. Del alerta provisorio por
COVID-19 que se dio en las últimas horas en este municipio, a las dudas sobre
los fondos para combatirlo que recibió esta comuna anteña y otras cuentas
pendientes por dilucidar, el Concejo Deliberante pidió auditar los números
oficiales.
Es que ante la
reticencia del Ejecutivo en transparentar la gestión de Juan Domingo Aguirre
–quien continúa aislado por una reunión con posible riesgo epidemiológico-, un
grupo de concejales instó a monitorear las cifras a través de un pedido cursado
en estos días a la Auditoría General de la Provincia. En discusión hay más de $
10 millones en un principio negados por el Jefe comunal de haber percibido para
enfrentar la cuarentena, los que se vio obligado a confirmar luego de un
informe del Ministerio de Economía provincial. A los que se suman $ 26 millones
más por el canon de la empresa estatal Salta Forestal que aún no ha acertado a
explicar.
"Con
respecto a fondos Covid-19, tenemos información cruzada, debido a que el Ejecutivo
respondió literalmente que no los recibieron”, rememoró ante una consulta de
NdR el concejal Sebastián Pérez, integrante del bloque Unidad Ciudadana. Sin
embargo, este edil dijo que “cuando un informe desde la Cámara de Diputados
demostraba que si (recibió dicha asistencia financiera)”, se indujo a que el
titular de Hacienda, Roberto Dib Ashur aclarase, casi de compromiso, que Provincia
“envía fondos con nombres COVID que pueden ser usados para paliar la situación
de bajas en coparticipación".
"Por eso
desde nuestro bloque se pidió la presencia de la Auditoria general de la
provincia, ya que es un organismo facultado para sacarnos esta duda que se
sembró en la comunidad", en cuanto a los millones que arribaron. De hecho,
el Ejecutivo gonzaleño se negó sistemáticamente a dar alguna respuesta a 28
pedidos de informes de los ediles, realizados en lo que va de 2020. O bien lo
ha hecho con argumentos macilentos a los pocos en los que ha alcanzado a
balbucear descargos parciales.
A lo que se
suma que el pasado 4 de agosto, los concejales Macarena Navarro y Juan Pablo
Cuéllar (Bloque UCR), emplazaron al alcalde Aguirre a que en 5 días hábiles
“presente la Cuenta General del Ejercicio 2019”, en el expediente 169/20. La
edila le confirmó a este medio la pretensión del Ejecutivo, relacionada con
ampliar un dibujo del Presupuesto municipal del año en curso, aunque sin
mostrar los números de ingresos y gastos reales del año anterior. De hecho, la
gestión Aguirre no sólo adeuda las Cuentas Generales del Ejercicio 2019, sino
también las de 2018 y 2017.
La tensión
entre ambos poderes comunales llegó a tal punto que los concejales evaluaron la
posibilidad de conformar una Comisión investigadora sobre la actual
administración. Sin embargo, ello requeriría la adhesión de los 2/3 y tal
escenario pondría a esta iniciativa a tiro de un bloqueo, por parte de los 3
ediles que aún responden y se alinean con el Ejecutivo municipal.
Legislar a
ciegas
La invitación
desde la Intendencia a los concejales, tendiente a ampliar su margen de
maniobrabilidad financiera se da en un contexto de casi total oscuridad. “Como
no contestan los informes, nos vemos obligados a pedir información al Ejecutivo
o al Legislativo provincial”, resumió a NdR la concejala Macarena Navarro.
El municipio no
cuenta con página institucional en Internet y mucho menos con un Boletín
Oficial. Por eso, los concejales se ven obligados a recurrir a vías
extravagantes a fin de realizar las tareas de control.
De hecho, en la
resolución del pasado 22 de julio, firmada por los ediles Navarro y Pérez,
exhortaron a que la AGP emita informes respecto a los “fondos enviados por el
gobierno provincial a la Municipalidad de Joaquín V. González, en relación al
canon de Salta Forestal y vehículos destinados a la localidad Centro 25 de
Junio”. Como también, en relación a los “desembolsos recibidos de forma
extraordinaria del gobierno provincial al Municipio (…) por la pandemia”.
Respecto al
último de los ítems pedidos a la Auditoria, el pasado 19 de mayo el propio
intendente Aguirre había asegurado por escrito que “desde fecha 01 de marzo al
19 de mayo de 2020 el municipio no recibió ningún fondo ni partida
presupuestaria relacionada al COVID-19”. Únicamente, admitió que se le hubiesen
enviado 500 módulos alimentarios de emergencia, desde el Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia. Nada más.
Sin embargo,
una resolución de la Cámara de Diputados el 2 de junio de este año exhortó al
Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta a precisar informes sobre
tales partidas por la emergencia de COVID-19. Días después, la resolución de
Cámara baja fue satisfecha desde la cartera, con la confirmación de envíos a
JVG por un total de $ 10.703.577,29, la
misma Intendencia que antes había negado la recepción de moneda alguna. El
encabezado de tal nota enviada por Economía señala: “Departamento Anta-Fondos
COVID-19”. Junto a los más de 10 palitos ya girados hasta mitad de año.
El detalle del informe
oficial, certificado desde Economía, consignó que dicha “Asistencia Financiera”
se realizó, mediante el giro por $ 2.325.000 en abril de 2020, $ 3.460.000 en
mayo, $ 2.742.429,24 en junio, más un adicional imputado como “1° SAC” (Sueldo
Anual Complementario) por $ 2.176.248,05 también en el sexto mes. Tal deschave
parece que dinamizó los manotazos hacia los smartphones, buscando discar el
número de alguien agendado como “Loro” (posiblemente Dib Ashur).
Un continente
de inconsistencias
Otro gran
entredicho, planteado entre el Ejecutivo local y los ediles es el de Salta
Forestal. Definida en algún momento de la década de los años 90 como “casi un
continente” por el ex senador provincial Rodolfo Aldo Juncosa, su cesión a
manos privadas le posibilitó luego a su nuevo “dueño” suscribir acciones para
la construcción del recontra VIP barrio porteño de Puerto Madero, según el
historiador Leo Juárez (Ver artículo “Salta Forestal alumbró Puerto Madero”,
NdR 3 de mayo de 2019).
En base a la
ley provincial 7623/10, se estableció que un porcentaje del arrendamiento de
esta extensa superficie rural (canon) deberá terminar en las arcas del municipio
en el que se encuentre cada inmueble rural, como es el caso de Salta Forestal. En
su respuesta al pedido de informes del Concejo deliberante de Joaquín V.
González, N° 01/2020, el Ejecutivo aseguró que en 2019 recibió en tal concepto
$ 34.865.190,87.
Curiosamente,
de aquella cifra millonaria la gestión Aguirre sólo rindió a los ediles apenas
$ 7.867.000,04. Con autorización para su uso específico desde fines de
noviembre de 2019, aquel monto se invirtió en la compra de una ambulancia Pick
up 0 KM marca Toyota por $ 3.929.000.04, la que apareció a la luz pública 6
meses después, y un Minibus Mercedes Benz por el que afirmaron haber pagado $
3.929.000, hoy fuera del alcance visual de los vecinos. La primera fue
adquirida una semana antes de la ordenanza que la autorizase, a la firma
“Ambulancias Argentinas” S.R.L., ubicada en calle Belaustegui 339 de Ciudad de
Buenos Aires.
Al poco tiempo
de su aparición, demorada hasta último momento por un aparente altercado con la
“papelería” registral del vehículo, la ambulancia fue cedida en comodato al
hospital “Oscar H. Costas” para asistir a pobladores rurales, principalmente
los del paraje Centro 25 de Junio, el poblado principal de lo que el resto
popularmente denomina como Salta Forestal.
En tanto, el
luego inhallable minibus Merceces Benz, fue comprado a la concesionaria salteña
Rolcar S.A., con domicilio en avenida Paraguay 2160. Al parecer, la gestión
Aguirre daba por adelantada la aprobación de estas operaciones que tenía a su
cargo el anterior Concejo Deliberante, ya que la ordenanza correspondiente se
sancionó el 27/11/2019, y las facturas
de la firma automotriz se hicieron dos días antes, el 25/11/2019.
Pese a estas
“precisiones” dadas por el Ejecutivo municipal, los actuales concejales de esta
ciudad anteña todavía aguardan las justificaciones contables que restan. La
impaciencia de los ediles está ligada a los alegatos faltantes –y sobre todo la
documentación que los respalde-, adeudados desde la Intendencia, y que
expliquen los otros $ 26.998.190,83. La
espera valdrá la pena.
Foto 1: Pedido
a la Auditoría General de la Provincia.
Foto 2:
Sebastián Pérez (concejal Unidad Ciudadana).
Foto 3:
Macarena Navarro (concejal UCR).
Foto 4:
Negativa del Ejecutivo sobre envío fondos CoVID-19.
Foto 5: Detalle
de fondos COVID-19 enviados desde Min. Economía.
(*) NdR, 12 de
agosto de 2020.
