El caso del concejal guachipeño y el presunto
cobro del Ingreso Familiar de Emergencia cuenta con grandes posibilidades de
ser elevado a juicio, luego de un pedido en tal sentido por parte de la fiscal
Verónica Simesen de Bielke. En este contexto, la funcionaria formalizó este
miércoles el pedido ante el Juzgado de Garantías 4, junto a la imputación al
edil de Guachipas, Héctor Sebastián Cari, acusado del delito de fraude a la administración
pública.
Simesen de Bielke actuó de oficio, basada en
las noticias difundidas por medios de prensa y tras una investigación que
profundizó al respecto arribó a la
conclusión preliminar que el representante podría haber incurrido en tal ilícito y en
su posible responsabilidad penal.
En este
documento, la Fiscal consignó que el edil por el Municipio de Guachipas, se inscribió como beneficiario del subsidio
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a sabiendas que no podía serlo e indujo a
un error a la Administración, ya que se requiere contar con la foto
del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo electrónico);
CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí, una vez reunidos
tales requisitos, se puede ingresar a la solicitud.
Además, Cari no se detuvo allí, pues tras ser
notificado que el beneficio le fue acordado, se presentó personalmente ante las
oficinas del Correo Argentino de Guachipas y cobró la suma de $10.000, a
sabiendas que no le correspondía hacerlo. Tras ser advertido por los
vecinos, pretendió desviar la atención a través de una nota que ingresó al
Concejo Deliberante en la que ofreció
devolver el monto cobrado.
De acuerdo a la
evaluación de Simesen de Bielke, Cari
en su condición de representante no podía desconocer que carecía del derecho a
ser beneficiario del IFE. La Fiscal tomó en cuenta la declaración por
parte del Gobierno Nacional de la declaración de la Emergencia Sanitaria en
virtud de la Pandemia por la COVID-19, tras la que se adoptaron medidas de
asistencia específica a la población privada de obtener ingresos por la
cuarentena.
Fue así que se
dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores y
monotributistas, entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, sumando
a este IFE al paquete de medidas que alcanzan a trabajadores formales de
sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados y
beneficiarios de asignaciones y empresas. Como toda medida de carácter
excepcional, para el acceso al mismo, se establecieron requisitos tales como
contar con foto del documento nacional de identidad, datos de contacto (correo
electrónico); CUIL y Clave de la Seguridad Social y recién a partir de allí,
una vez reunidos tales requisitos, se podía ingresar a la solicitud del
beneficio.
También se
establecieron inhibiciones precisas, de forma tal que no tendrían derecho al
mismo, aquellos titulares o su grupo familiar que percibiera ingresos
provenientes de una relación de dependencia en el sector público o privado.
NdR, 8 de julio de 2020.
