#DeIdaOVueltos
F.P.
Los pedidos de hijo a padre para sacar los dólares atesorados en el colchón, tal vez corran a galope en la vecina provincia de Jujuy. Y no solamente por el exhorto realizado esta semana por el ministro de Economía, Luis Caputo, a los estudiantes de la Universidad Di Tella, sino porque el escándalo acaba de saltar solo. O algo así.
De acuerdo a los principales indicadores, el vínculo padre/hijo fluye más allá de lo habitual entre el Gobernador Carlos Sadir y su hijo, Luis Alberto S. En particular, a través de la cuenta de proveedores estatales por la que el Ejecutivo jujeño destina millonarios pagos hacia la firma Comercializadora de Alimentos S.R.L., regenteada por la esposa y el propio Sadir hijo.
La cuestión es la siguiente. Luis Alberto Sadir es el encargado del Departamento de Ventas Estatales de la empresa, mientras su cónyuge, María Natalia Laredo, es la titular de Comercializadora de Alimentos. La propia denominación sugiere que ni siquiera hubo demasiado esfuerzo al cranear un nombre al bautizar esta iniciativa familiar. Total, con la vaca estatal atada lo nominal es lo de menos.
El gobierno a cargo de Carlos Sadir cuenta con licencia para operar desde el ucerreísmo, pero en particular del ex mandatario provincial Gerardo Morales, hoy afincado en China. La partida del ex Gobernador, envuelto en un escándalo de alcoba, se produjo tras la bendición suministrada a Sadir, su cumpa que hasta 2023 tuvo a cargo el Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La vida de los jujeños no se modificó demasiado con el pase de manos entre Morales y Sadir, ya que la pobreza estructural sigue sobrepasando el 40 % entre los jujeños. Y hasta pudo haber empeorado con el arribo del mileidismo al poder, si bien la combinación de hambruna y palos contra las protestas se mantiene incólume.
Claro que las estrecheces son para los prójimos, no así para los más cercanos al actual Gobernador. El mayor de sus 5 hijos, Luis Alberto Sadir, es el heraldo de Comercializadora de Alimentos ante el Ejecutivo cuyo titular es su padre, según publicó en un artículo este miércoles el portal El Disenso. Desde donde salen los pagos destinados a cubrir envíos de fideos, arroz, harina, porotos, leche, cacao, puré de tomates y otros productos.
Además, el sitio de notas de investigación periodística agregó la ristra de inmuebles estatales que fueron a incrementar el patrimonio familiar. A contramano de la normativa vigente, en junio de 2024 el Gobernador Sadir adjudicó “cuatro lotes del Estado a Comercializadora de Alimentos SRL, en el exclusivo barrio residencial Alto Padilla”, en una operación que involucró catastros adyacentes por unos 1.231,52 metros cuadrados.
Lo cual, traducido al coloquial remite a que Carlos Sadir acordó con su propio hijo -Luis Alberto- estos terrenos para su nuera, y hasta rubricó la adjudicación. Operación para la que da exactamente lo mismo que hubiese sido realizada en su despacho oficial o en la mesa familiar del fin de semana.
Una costumbre cultivada desde hace más de un lustro atrás. Y ejemplificada a la perfección en “la Resolución 51-HF/2020”, indicó El Disenso, por la que el propio Carlos Sadir le adjudicó el Lote 53 en barrio Alto Padilla, a su propia esposa. En efecto, Alejandra García Dávila se llevó esta bicoca inmobiliaria por escasos $ 2.030.000 (apenas u$s 12.200, de acuerdo a la cotización del blue en ese entonces).
En la época pretérita a su gestión como Gobernador, su homónimo a cargo del Ministerio de Hacienda y Finanzas le asignó a Comercializadora de Alimentos SRL la friolera de $ 208.600, mediante la Resolución 368-DH/23. Aunque a renglón seguido, en la Resolución 369-DH/23 le disparó otros $ 522.575.300 a la misma empresa, a fin de proveer al Plan Social Nutricional Provincial y en especial al Programa Comer en Casa. Eso fue después de junio de 23´ cuando Sadir ya había sido electo sucesor de Morales.
Un año antes, desde esta misma cartera había destinado a la misma empresa más de $122 millones en la resolución Resolución 248-DH/22, otros $139 millones en la Resolución 249-DH/22 y una más de $128 millones en la Resolución 11-DH/22. Todo esto suma unos $389.907.000, cifra que, al tipo de cambio promedio de aquel año ($140), sobrepasa ampliamente los u$s 2 millones y setescientos mil. Ahí tiene lo que pide, estimado Toto.
NdR, 9 de septiembre de 2026.
