Amplia cosecha de rechazos

Un grupo de organizaciones de Derechos Humanos expusieron sus respectivas objeciones a la obligatoriedad del uso de barbijo. Desde el sector advirtieron que puede considerarse violatorio de garantías constitucionales y normas vigentes el decreto de Necesidad y Urgencia que entraría en vigencia el próximo lunes. En particular, al no permitir el derecho a defensa en la imposición de sanciones pecuniarias ante presuntas infracciones.
Hace 6 años SOCIEDAD

Un grupo de organismos defensores de los Derechos Humanos de Salta se pronunciaron en contra del DNU 255/2.020 como “régimen sancionatorio” a quien no use barbijos a partir del lunes 13 al circular por la vía pública. Desde el colectivo civil advirtieron que ven “con preocupación las medidas que ordena aplicar en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 creando un régimen sancionatorio por demás excesivo para quienes transgredan las normativas dispuestas por el DNU”.

Con las rúbricas de la Mesa de Derechos Humanos (integrada por Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas y gremiales, Asociación “Lucrecia Barquet”, Asociación “Coca Gallardo”, H.I.J.O.S Salta en la Red Nacional), la Liga Argentina por los Derechos Humanos y la Asociación Pensamiento Penal plantearon el rechazo a esta norma dictada por el Ejecutivo provincial en medio de la emergencia epidemiológica.  

En este documento, explicaron tal rechazo al encuadrarlo “violatorio de derechos y garantías constitucionales y contradictorio a los artículos 205 y 239 del Código Penal con respecto a la competencia que se le otorga al Jefe de Policía para resolver infracciones, toda vez que es facultad de un fiscal Penal y del Juez de Garantías a partir de la promulgación de la Ley N° 7914”.

Por ello, igualmente exhortaron a instruir “a las fuerzas de seguridad afectadas a los controles en la vía pública y en las rutas sobre las directivas emanadas del Poder Ejecutivo Provincial a fin de que prime la buena comunicación y se evite el atropello y malos tratos que están sucediendo por parte de la Policía Provincial”.

Y en conclusión pidieron que se derogue el DNU 255, al fundamentar que contiene  “directivas que no contribuyen a la convivencia, ni ayudan a sobrellevar la tremenda situación por la que cada uno de nosotros, tanto funcionarios como ciudadanos debemos atravesar hasta que superemos la pandemia que asoló al país y al mundo entero”.

NdR, 8 de abril de 2020.