#Pedidoentidadinternaconal
El clamor por
justicia en el caso del doble crimen de Houria Mounmi y Cassandre Bouvier, ocurrido
en Salta en 2011, fue encarnado por la organización Innocence Project. La
entidad civil con domicilio en Estados Unidos, pidió la realización de un nuevo
juicio en el asesinato de las turistas francesas, basado en los mismos
peritajes que obran en esta causa.
La ONG enarboló
la inocencia de Clemente Vera -único condenado por la justicia gaucha- a partir
de las pruebas de ADN, las que no son compatibles con sus rasgos genéticos.
Seis años atrás, Jean Michel Bouvier, padre de una de las jóvenes asesinadas,
planteó que Vera es “inocente” y debiera ser liberado, Además de proseguir con
las investigaciones para dar con el/los responsables.
De acuerdo al
peritaje efectuado en la escena del crimen, los expertos determinaron que el
material genético “no es compatible con el detenido ni con su línea paterna”. Innocence Proyect rememoró que el caso
transitó por 39 despachos, pese a lo cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación
no “emitió una respuesta”.
Desde el
capítulo local de IP, su titular para Argentina, Manuel Garrido, especificó que
existen “estudios genéticos y familiares de las víctimas que sostienen la
inocencia de Clemente Vera”. También que “hace seis años que se pide un nuevo
juicio y la Corte Suprema sigue sin responder. Se trata de un inocente preso y
de dos femicidios sin resolver. Se trata de hacer justicia”, concluyó el representante,
En cuanto al
procedimiento, Garrido puntualizó que la investigación por el doble crimen
estuvo plagada de “irregularidades, declaraciones bajo tortura, amenazas,
descuido de los protocolos y desaparición de pruebas”. Producto de esta
sucesión de tropelías, Vera terminó detenido y condenado, pese a que en los
inicios del caso no pasaba de ser considerado “un baqueano que había colaborado
(…) con la investigación”, rememoró esta semana a Página12.
Al respecto, indicó
que uno de los estudios de ADN realizado en Francia determinó que el de Vera “no
es compatible”, tampoco el de “su línea paterna”. Lo cual contradijo al del “perito
oficial local, que fue tomado en cuenta por los jueces de apelaciones de Salta
para condenarlo. Ante esta situación, la evidencia biológica es clave para
realizar un nuevo peritaje frente a resultados manifiestamente contradictorios”,
planteó Innocence Project.
Desde la ONG explicaron
que el mencionado estudio genético no pudo ser realizado nuevamente. La excusa
de la justicia salteña fue que las muestras de ADN se habían “extraviado”, aunque “estaban bajo su
cuidado”.
El 2 de junio
de 2014, la Sala II del Tribunal del Juicio de Salta condenó por unanimidad a
Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión como autor del “robo calificado
por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio
calificado criminis causa”.
En tanto, dictó
la pena de prisión condicional -por encubrimiento calificado- a Omar Darío
Ramos y Antonio Eduardo Sandoval, mientras a Daniel Vilte Laxi y a Vera los
absolvió por el beneficio de la duda.
Pero los jueces
Rubén Arias Nallar y Luciano Martini mencionaron que el hecho “presenta rasgos
de inusitada atrocidad y crueldad que lo tornan excepcional frente a las
tipologías delictivas e, incluso, otros atentados dirigidos contra idéntico
bien jurídico”.
Según la
consideración de ambos, “la monstruosidad del hecho y su resultado trágico -como
bien lo ha caracterizado el tribunal de juicio- son cuando menos evidentes y
resultan absolutamente repugnantes a los valores individuales y sociales que,
con preciado cuidado, forman la construcción piramidal de nuestro ordenamiento
jurídico”.
Sin embargo, el
3 de febrero de 2016, por la apelación del fiscal de la causa, la Sala III del
Tribunal de Impugnación revocó la sentencia absolutoria dictada a Vera y lo
condenó a la pena de prisión perpetua, por considerarlo coautor de los mismos
delitos que Lasi.
Tal disposición
tuvo como fundamento una prueba de ADN, por entender que una huella genética
incorporada a la causa “corresponde a la patrilínea de Vera”. En contraposición,
la defensa de Vera solicitó que se ordene un nuevo juicio, pero el procurador
general de la Nación, Eduardo Casal, no hizo lugar a ese punto, por lo que se
espera una eventual determinación por parte de la Corte Suprema al respecto.
En
concordancia, el padre de Cassandre, Jean Michel Bouvier, exigió públicamente la
libertad de Vera. En paralelo, se pronunció por una decisión de la Corte
Suprema para reiniciar las investigaciones que permitan conocer la verdad sobre
el doble crimen, y anticipó que, de no lograr ese objetivo, su intención es
acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El doble
asesinato de Bouvier y Mounmi se produjo cuando ambas estaban temporalmente en ciudad
de Salta y conmocionó a la provincia, causando una amplia repercusión nacional
e internacional. Cassandre y Houria fueron vistas por última vez con vida el 15
de julio, cuando fueron a recorrer el circuito turístico de la Quebrada de San
Lorenzo. Dos semanas después, sus cuerpos fueron hallados, cerca del sendero
principal de El Mirador de ese paraje.
Los forenses
determinaron que ambas turistas habían sido abusadas sexualmente y asesinadas
de un disparo cada una con una escopeta Bataan calibre 22. Doce años después,
la presunción más extendida apunta a que la investigación posterior fue
deficiente y el caso de las turistas francesas pasó a engrosar las causas no
resueltas por la justicia gaucha.
NdR, 2 de
agosto de 2023.
