#Judicialesmedidadefuerza
El gremio de
los empleados judiciales difundirá desde este martes, en el acceso a la Ciudad
Judicial, sus reclamos salariales a sus afiliados y al público en general. Allí,
el sindicato instalará una carpa que tendrá dicha meta divulgativa y la
comisión iniciará una huelga de hambre, tras considerar cercenada su labor en
cuanto a las reivindicaciones de los trabajadores representados.
En la reunión previa
a esta determinación, la Agremiación de Empleados judiciales y del Ministerio Público
Fiscal salteño sus dirigentes no consiguieron avanzar un centímetro respecto a
sus reclamos salariales. Además, en la Dirección de Trabajo provincial se les
notificó acerca de la Acordada 13.926, resolución de la Corte de Justicia
salteña, a la que el gremio no dudó en considerar como un intento “de infundir
miedo” a los trabajadores del sector.
En contraposición,
la Agremiación de los judiciales que tiene como Secretario General a Matías Aramayo
exhortó a todos sus afiliados a no marcar la tarjeta de ingreso a sus puestos e
invitó a acompañar dicha acción. En su temeraria disposición, la Corte de
Justicia aseguró que a su entender la actualización de haberes a empleados del
sector se encuentra satisfecha y consideró operativo el Reglamento de Convivencia
y Uso interno de las instalaciones edilicias por encima del derecho de huelga.
Según esa
última normativa invocada, en las oficinas del Poder Judicial “se deben evitar
las aglomeraciones y disturbios”. Por lo cual en la Acordada 13.926 la Corte hizo
saber a los empleados que toda medida de fuerza “debe hacerse sin concurrencia
a los lugares de trabajo”, además de aquello respecto a día no
trabajado/descuento al final del mes.
En este norma,
equivalente a un decreto del Ejecutivo, el máximo tribunal provincial llevó al
extremo de considerar a la justicia como “servicio esencial”. En contraste con
la imagen más extendida que existe en la población de nuestra provincia,
respecto a los magistrados.
En cuanto a lo
numérico, la Acordada judicial enarboló en potencial un bono de $ 30.000 a
pagar en dos cuotas, a modo de un plus no remunerativo al que describió como
que “estaría previsto”. A la vez, recordó que en junio se aplicará una suba de
11 % a los salarios, en junio otro 11 %, mientras que en agosto la
actualización sería de 6 %, “como mínimo”, indicó ese texto legal. Un
pronunciamiento que en la parte dispositiva expresa firmeza en relación a la
medida de fuerza convocada por la Agremiación de Empleados judiciales para hoy,
mañana y pasado; a diferencia de una cierta ambigüedad en cuanto a respuestas
al reclamo obrero.
NdR, 6 de junio
de 2023.
