#Selecciondenombresconsejomagistratura
F.P.
Los próximos 5
días serán a puro vértigo en el mundo abogadil, pues el próximo viernes habrá
concurrencia a las urnas para seleccionar aspirantes a ingresar al Consejo de
la Magistratura. Las buenas gentes asumen que en lo formal esta convocatoria
propende al republicanismo, pero debido a que de por medio está el mejoramiento
del Poder Judicial, no pasa de ser una disputa política más.
En línea con el
mencionado contexto, diversas fracciones de la política sacan pecho sugiriendo
que dan envión a cada lista que presenta candidatos en esta contienda en el
mundo del Derecho. Por eso, se menciona a las huestes saenzianas, romerianas y
macristas apadrinando o con intenciones de proyectar esta impresión, sin más
elementos de contrastabilidad que la mera imaginación.
Así, Flavia
Calvente Mazzone es la figura abogadil que propone “Foro Unido”; Oscar “Pino”
Rocha Alfaro encarna la postulación de “Será Justicia”; y Armando Caro Figueroa
viene por el sector denominado “Justicia Nueva”. Mientras, “Abogacía Plural y
Federal” propone a Humberto Burgos, nombre que remite a la actual conducción
del Colegio Profesional (el cual definirá nueva directiva a fines de este mes);
y “Nuevos Desafíos” impulsa a figura acostumbrada a fatigar los pasillos del
poder como Eduardo Romani (antecesor en la conducción de la entidad).
De modo tal, con
estas cinco agrupaciones, la meta a cumplir estará orientada a convencer a los
13 nuevos profesionales ingresados un mes atrás a esta profesión, junto a los miles
de matriculados en el resto de la provincia. La presunción más extendida provee
la imagen según la cual el Consejo de la Magistratura es órgano más inclinado a
las prolongadas siestas, cuando se trata de evaluar la conducta de magistrados
y funcionarios judiciales. Contra dicha impresión social probablemente irán los
speech en los próximos días.
Claro que una evaluación
algo más exhaustiva indicará que con los tres sillones en juego, a definirse el
próximo viernes, tampoco cabe esperar un zarandeo generalizado en un sector
medular sobre el que se asienta el orden republicano. Por ejemplo, si bien la
vecina república de Paraguay impuso el voto electrónico -sistema con idénticos
reparos a los planteados en suelo salteño- al menos allá también existe un
Tribunal Superior Electoral. A diferencia de lo que ocurre en nuestra
provincia, donde el máximo órgano jurisdiccional participa también en la
competencia electoral y en el Consejo de la Magistratura.
A ello se debe
que no haya registro, salvo dos o tres casos excepcionales, de las conductas de
funcionarios y/o magistrados. En contraste con las decenas de planteos por
demoras, suelta de violadores o imposición de regímenes de detención
domiciliaria [NdR: un caso de estos persiste en Joaquín V. González, junto a
una extendida preocupación por la inseguridad y robos ocurridos alrededor de la
propia ciudad judicial!!!] y hasta fallos medievales imponiendo censura previa
a medios de prensa. Lo cual, lejos de motivar algún monitoreo específico, catapultó
ascensos casi imposibles de explicar.
Por el costado
de los consejeros incorporados a propuesta del Poder Legislativo, el panorama
no viene con amagues de lograr alguna mejoría. Es que en Mitre 550, dado un
repaso de nominaciones durante los últimos diez años, los detractores insisten
en señalar la tendencia a proponer indoctos para el Consejo de la Magistratura.
Sin nadie que
lo note, los mandatos de los actuales consejeros se encuentran próximos a
vencer, tanto por el lado de los 3 representantes de la/os abogadas/os, como
por el de la Corte de Justicia, y el del Poder Legislativo. Es decir, está en
proceso la renovación de sillones en el órgano encargado de analizar la
conducta de magistrados y funcionarios judiciales e imponer sanciones, en caso
de corresponder. Una definición que pareciera extraída de guión más apto para
un humorista. Pero no.
NdR, 5 de marzo de 2023.
