La razzia que
marcó el final del encuentro que el sábado por la noche se realizó en Maipú al
1300, en el Centro Cultural Pata Pila, es un hecho que deberá investigar el Ministerio
de Gobierno provincial. La cuestión denunciada por los jóvenes que asistieron
al encuentro denominado “A mover” reviste bastante gravedad, si se lo proyecta
sobre el reciente accionar policíaco de este año, marcado por la violencia.
Pero lo curioso fue la presencia allí de la titular del Observatorio de
Violencia contra la Mujer, María Laura Postiglione.
La titular de
la entidad, representante por la Corte de Justicia provincial en el OVCM, de
acuerdo a lo que le relató al diario Página/12 habría estado en el lugar donde
se hizo el procedimiento, aunque solamente debido a que conoce “a una de las
víctimas, quien le pidió colaboración”. En realidad, Postiglione se encuentra
obligada a denunciar si vio un accionar ilegal, dada su condición de
funcionaria pública.
Incluso, hay
quienes se preguntaron por la pasividad con la que actuó solamente al exponer
anomalías en una comunicación con el ministro de Gobierno, Marcelo López Arias,
a quien habría comprometido a indagar para dilucidar lo hecho por uniformados. Sin
embargo, el reclamo que le hubiese correspondido como titular del Observatorio
hubiese sido plantear recursos de “habeas corpus”, en lugar de un rol tan
contemplativo.
Las débiles
explicaciones con las que Postiglione intentó salvar su rol en estos hechos
sucedidos en un local del sector para el cual, además es candidata a concejal
por la lista 405 del Frente de Todos (ver nota “Si no la gana”: https://www.notaderedaccion.com.ar/noticias/id-308_Si-no-la-gana
), sólo se entiende por la cobertura de un sector excesivamente complaciente de
la prensa. Junto con la titular del CCPP, María Pía Ceballos, a la vez que
comparten postulaciones por esta coalición –FdeT- igualmente ejercen roles
directivos en el Observatorio.
Mucho más, si
tal como expusieron ante medios locales y este periódico metropolitano, en la
noche del sábado pasado se dieron allanamientos ilegales de viviendas,
detenciones arbitrarias, imputaciones falsas de contravenciones, insultos
homofóbicos y actitudes discriminatorias, por parte de los uniformados. Es
decir, un cuadro que completa otra noche de aparente brutalidad policial, la
que emparda con las últimas relativas al caso Gallardo y tantas otras que
determinaron hasta la intervención al Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
Una noche en la
que un accionar presuntamente alocado, por parte de un grupo de policías, no
sólo tuvo como simples testigos visuales a dos integrantes del Observatorio de
Violencia contra la Mujer, y una de ellas nada menos que su máxima titular. Y
ambas, candidatas a ejercer cargos electivos en los comicios del próximo 6 de
octubre.
“La representante
de la Corte de Justicia de Salta (en el OVCM) omitió su deber de funcionaria
publicar al no realizar la denuncia teniendo pleno conocimiento y victimas del
hecho”, resumió a NdeR un letrado del foro local.
NdeR, 24 de
septiembre de 2019.
