#Litiorumboalexterior
#Subfacturacion
La base
operativa de una minera en General Güemes, dedicada a la extracción y
exportación de litio, quedó en el centro de un escándalo nacional por
subfacturación. El caso que derivó en detonación a manos de la AFIP fue
abordado poco más de un mes atrás, cuando el embajador Mark Stanley visitó
nuestra provincia, al comienzo de junio.
De acuerdo a
la investigación del organismo impositivo, los multimillonarios envíos de litio
hacia el exterior salieron desde Salta. En una magnitud tal que, de los 403
envíos al exterior sospechados de haber sido falseados más de la mitad fueron
realizados desde suelo gaucho. En concreto: unas 236 operaciones de exportación
hechas entre 2018 y 2019, desde nuestra provincia hacia Estados Unidos.
La detección
de esta aparente defraudación al fisco y a 47 millones de prójimos surgió a la
luz pública, luego del exhorto de la Vicepresidenta Cristina Fernández de
Kirchner, tendiente a finalizar la era del Estado bobo al que se le escapan los
dólares que podría haber recaudado. Y eso que “Built for life” Stanley ya había
visitado a fines de marzo a la titular del Senado, tal vez avistando lo que
podría estallar luego.
Esta cuestión
retrotrae, además, al reciente escándalo que estalló en la vecina provincia de
Catamarca, con la firma minera Livent Lithium, ex FMC y vieja conocida de los
salteños. Esta compañía fue denunciada ante la Agencia de Recaudación de
Catamarca (ARCA), justamente por subfacturación de litio extraído y luego
exportado. De manera tal que este organismo le impuso una multa por $ 127
millones, más $ 500 .000 para el hospital de Antofagasta de la Sierra.
En tanto, en
el caso que movió las placas tectónicas en suelo gaucho la empresa hasta llegó
a reconocer por escrito esta maniobra perjudicial para el Estado criollo. En un
informe a sus tenedores de acciones en 2018, admitió haber calculado en u$s
5.100 la tonelada de litio que en realidad tenía una valuación de entre u$s
15.000 a u$s 16.000. Lo cual, en dicho dossier explicaba el beneficio para sus
inversores, logrado tras el descuido del bobalicón.
Según publicó
este lunes el diario Ámbito Financiero, de acá en adelante la compañía minera
tendrá que realizar su descargo ante el Tribunal Fiscal de la Nación y
probablemente ante la propia AFIP. Por lo pronto, el organismo impositivo le
impuso provisoriamente una sanción por $ 6.300 millones, y una multa por $
356 millones.
NdR, 11 de
julio de 2022.
