#Financieraapócrifaconsorpresas
#Dinerosindeclarar
La cúpula de
la Policía provincial atraviesa un zarandeo de maula con las derivadas del caso
de la financiera apócrifa, tal como lo insinuaba el Ministerio Público Fiscal y
contra lo que intentaba plantear como conjetura el Ministerio de Seguridad. El
motivo está centrado en la inminente indagatoria a dos comisarios detenidos al
final de la semana, como también la sindicada como directiva del armado a lo
Cositorto que dejó en su caída muchos naipes al desparramo.
Las más
variadas suposiciones surgieron de por medio y a la par de las pesquisas,
defendidas a rajatabla por el Procurador Pedro García Castiella. Desde fondos
sin declarar que llevarían los rastros hasta financistas de la parte alta en el
mapa sudamericano hasta un armado piramidal casi calcado al que ideó el
detenido Leonardo Cositorto, es decir, un liso y llano timado al prójimo tras
prometerle rendimientos enormes en cuestión de pocos días de realizada la
inversión inicial. O bien, una caja negra con retribuciones en negro para
algunos de los integrantes de la institución azul.
El sigilo en
determinar los nombres de los/as detenidos/as se explica en la influencia que
tiene esta fuerza de seguridad salteña, la que incluso parece emitir
lineamientos para contenidos al sector de la prensa aliada al Ejecutivo
provincial. En este plano, solamente se conoció que uno de los detenidos es el
titular de la División Robos y Hurtos, junto a su homólogo de Servicios
Adicionales [NdR: lo que generó decenas de ironías acerca de cuáles serían
tales prestaciones en el caso del que se ocupan los pesquisas].
Frente a lo
cual, el Ministerio de Seguridad provincial optó por alternar portavoz después
de pasar de los cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal a reconocer que
algo tuvo que haber habido, en materia de inducir prójimos al descuido. En cuyo
contexto, el Secretario de Seguridad subrogó al titular de la cartera y este
viernes admitió que hubo “muchas irregularidades” en el accionar de los
uniformados.
El hecho es
que de los trámites investigativos y procesales se ocupa por estas horas la
titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio.
Según el reemplazante casi forzado, luego de chamuscado el ministro Abel
Cornejo, calculó que alrededor de 300 a 350 policías resultaron damnificados
por lo que Benjamín Cruz asintió en considerar “una estafa”.
Y con la
típica ponderación, la que suele motivar escepticismo entre la paisanada,
adelantó que se adoptarán “medidas ejemplificadoras porque no podemos manchar
una institución con más de 11.000 efectivos”, le dijo este viernes Cruz a FM
Aries. De aquí en más, habría que monitorear la metodología y los alcances de
la “auditoría interna” que el funcionario mencionó como lo que posibilitó
detectar documentación de las maniobras y pago en adicionales.
Mientras que
otra historia será, probablemente tendiente al arcón de las promesas sin
cumplir, el paso hacia la bancarización de todo el flujo monetario que pasa por
manos de la Policía salteña. Una quimera a contrastar con los mendrugos que van
a pago de haberes y, tal vez, explican los montos sin declarar en medio de este
torrente.
NdR, 8 de
abril de 2022.
