#JVGOnzalezreclamo
#Concejalesamparo
Un grupo de
concejales de la ciudad de Britolandia, antes conocida como Joaquín V. González,
fueron a la justicia en reclamo por el excesivo apego del Ejecutivo comunal a
mostrar lo ingresado a las arcas públicas y lo gastado desde esta misma fuente.
La ocasión perdida por la intendencia a cargo de Juan Domingo Aguirre malogra
esta inesquivable oportunidad de demostrar que las finanzas no son un
manchancho, como anduvieron diciendo las malas gentes de por ahí.
Los ediles
optaron por esta vía judicial, cansados de exigirle al Jefe comunal para girar
la documentación oficial relativa a las Cuentas Generales del Ejercicio. No las
últimas, por cierto, sino las correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y
2020. Sin embargo, el alambicado sigilo del Ejecutivo derivó en una acción de
amparo que se conoció a mitad de semana.
De acuerdo a
lo publicado por el portal Factorinfo, el recurso fue a dar a las manos de la
jueza Verónica Viarengo. Es impulsada por los concejales Sebastián Pérez,
Macarena Navarro y Ana Sarmiento, debido a la “negativa arbitraria e ilegal” en
suministrar dicha información. Tal fue la confirmación hecha por el representante
legal de los ediles, Tomás Flores.
Por
añadidura, Pérez, Navarro y Sarmiento, solicitaron detalles respecto a los
rendimientos del arrendamiento de campos en la ex Salta Forestal. Estos
últimos, datan de los períodos 2019, 2020 y 2021 que permanecen “sin datos” en
los registros del órgano deliberativo.
Otro de los ítems
reclamados en esta acción de amparo fue el del plan de obras, junto a los
balances cuatrimestrales correspondientes al año 2021. Lo que totaliza un compendio
de información que debiera estar al alcance de cualquier mortal que habita esta
ciudad sudesteña, dada la estrecha
relación que Aguirre supo cultivar en vida con el principal actor financiero y
político de nuestra provincia: Jorge Brito, el fallecido titular del Grupo Macro e Inversora Río
Juramento, afincada en amplias parcelas anteñas.
Crédito
fotográfico: Radio Uno.
NdR, 6 de
abril de 2022.
