#NarcotraficoVillaBanana
#ShanahanRosario
La discreción
del Jeque rosarino de Villa Banana concita el ruego principal en diversos
puntos aún no determinados del Noroeste argentino, incluido suelo gaucho. Al
final de la semana, la justicia federal santafesina le zampó una imputación por
narcotráfico al ex gerente portuario de Vicentín, Gustavo Shanahan. Eso impactó
en toda la región norte del país.
En su
resolución más reciente, el juez Marcelo Bailaque dio por “acreditada la
sospecha de que Julio Andrés Rodríguez Granthon, Alexis Ezequiel Manzo, Alfonso
Sciortino, Juan Román González, Néstor Ciotti, Gustavo Shanahan, Gustavo Báez
Aguilar y Richard Galeano Vázquez comercializan material estupefaciente; y que
Rodríguez Granthon reviste el carácter de organizador, mientras que los demás
cumplen distintas funciones” en la banda con boca de expendio en Villa Banana,
Rosario (Santa Fe).
El magistrado
le dictó la prisión preventiva a Shanahan, quien cumplirá esta pre condena
desde un semipiso con vista al Paraná, donde su talón de Aquiles luce este fin
de semana una tobillera electrónica. El ex titular del puerto rosarino -el cual
manejaba para la agroexportadora Vicentín- aún disemina connotaciones en cuanto
al posible nexo entre actividades más o menos lícitas y el resultado de los
despachos de falopa. Sólo faltaría que el “interesado” ofreciera más detalles.
La materia
sobre la que indaga en estos días el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, resulta
de 23 allanamientos coordinados que se llevaron a cabo entre el 14 y el 15 de
octubre pasados. Desgranados de tales procedimientos 9 personas detenidas
fueron procesadas, mientras que cuatro de ellas zafaron de tales achaques por
el momento.
A la banda que integraba
Shanahan le fueron incautadas una cocina de droga, armas, cuatro kilos y medio
de cocaína, $ 34 millones y u$s 30.500 dólares. En tanto, lo que tiene a
maltraer por estas latitudes son las escuchas telefónicas y el seguimiento que
los pesquisas de la Policía Federal efectuaron, desde meses atrás, a los
partícipes de este G-9. Puede haber rastreos que apunten un poco más arriba en
el mapa argentino.
De las
intercepciones al teléfono que usaba Rodríguez Granthon (alias: El Peruano),
perteneciente al Servicio Penitenciario Federal –donde cumple condena desde
agosto último- surgieron detalles acerca del uso de una jerga muy particular.
Por ejemplo, el que a los paquetes enviados se los llamaba Sprite, Coca Cola o
Manaos, según se intentase denominar así a la cocaína o a la marihuana, de
acuerdo a su pureza y calidad.
El juez
Bailaque tiene como hipótesis a Díaz, Pérez y Rodríguez Granthon como el brazo
narco de esta gavilla; mientras que Shanahan y Ciotti se ocupaban de cambiar
los pesos a dólares en el mercado blue. A su vez, la adquisición de droga se
hacía en Bolivia y volvía para su procesamiento a esta ciudad santafesina.
El diario
Página/12 publicó este domingo que muchos de los indicios fueron aportados por
federales que actuaron de incógnito. Este operativo sigiloso posibilitó
proyectar que la banda actuaba desde el mes de abril de 2021, aunque lo que
pudo documentarse remite al lapso entre agosto y septiembre pasados.
El epílogo de
la tarea realizada por los federales fue gatillado a comienzos del mes pasado,
cuando uno de los investigadores fue fichado por el GPS narco al vigilar la
sede en Villa Banana. Al develarse la labor del agente, los integrantes del
grupo le administraron una balacera con la que le informaron que ya no era
bienvenido en este barrio.
Los
procedimientos a mediados de octubre alumbraron la pista que llevaba hacia
Shanahan. Un hombre de negocios que desde 2013 acarreaba inconvenientes
legales-financieros. Sin embargo, tres años antes había pasado de la condición
de accionista minoritario de la terminal Puerto Rosario al rango de controlador
de la mayoría del paquete –en 2010- y le
asfaltó el camino a Vicentín para el control de dicha estación.
Después, una
pista investigada hasta su raíz por la agencia tributaria española precisó, en abril
de 2015, que Shanahan actuó como corresponsal de las operaciones sucias
realizadas por Jordi Pujol Ferrasola. El dirigente político español y
empresario, usó a su homólogo santafesino para la operación por u$s 12 millones
con que adquirió la estación fluvial rosarina. Por estas maniobras y otras de
lavado de activos, la Fiscalía de Catalunya pidió 29 años de prisión para Pujol Ferrasola
y gran parte de su familia.
NdR, 7 de
noviembre de 2021.
