#Raizdelconflictorionegrino
#TerratenientesVsoriginarios
Son pocos los
que dudan acerca de la existencia de La Luz Mala, el Hucumar y la Resistencia
Ancestral Mapuche, pero los extraños sucesos en suelo rionegrino parecen tener
origen en la especulación inmobiliaria. Sucede que este distrito es el único
que no inició el proceso de titularización de catastros a las comunidades de
originarios, como en cambio sí lo hicieron provincias como Salta y Jujuy.
La titular del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, aseguró que el
conflicto planteado en estos días se debe a un fallo judicial que favorece a la
comunidad mapuche, en desmedro de un country. Un dato que desalentará a los
cultores de los relatos de ficción, al estilo Bullrich, que mantenían viva la
llama de su fantasía en conjeturas al estilo Caupolican o Lautaro (capacidad
para derribar árboles centenarios y frondosos con un simple flechazo o bien a
hondazos), respecto a los esmirriados chamanes patagónicos.
Este martes, el
organismo a cargo de Odarda confirmó que la raíz de toda esta ofensiva
mediática “nace de un fallo” favorable a los mapuches, el cual “afecta a un
country de Bariloche”. Por ello, la titular del INAI le recordó a la
Gobernadora, Arabela Carreras, la falta de cumplimiento de su gestión a la ley
de emergencia territorial de los pueblos originarios.
La funcionaria
rememoró que el área nacional a su cargo pidió en incontables ocasiones y por
diversos mecanismos formales el nombramiento de un funcionario rionegrino, con
el fin de comenzar un relevamiento territorial según lo estipulado por la Ley
26.160. En este ámbito con representación del Estado nacional, los Ejecutivos
de provincias y comunidades originarias se deberían abordar las disputas
territoriales litigiosas.
En el caso
particular, el mal momento está del lado de los propietarios del coqueto
country [NdR: al estilo del que protagoniza el “lonko” macrista Joe Lewis en
Lago Escondido] que mantiene circunscriptos al resto del vecindario y les impide
el paso. A pesar de una disposición judicial que ordenó abrir el tránsito en
este lugar cercano a Bariloche o bien dejar de cercar al resto de los prójimos en
su libre albedrío circulatorio.
Esta disputa
reflotó la verba que supo explotar la Piba B, hacia 2016/2017, por lo que no
tardaron los achaques hacia los mapuches equiparándolos con grupos a los que
habitualmente las buenas gentes asignan capacidad de “aterrorizar” al resto de
la sociedad. Así, surgieron cabañas incendiadas y tentativas similares en
algunas capillas de esta región rionegrina, en las que testimonios seguramente
bien intencionados pero aparentemente con una alta cuota de temor sugieren a
los caciques como instigadores.
Aunque en el
INAI atribuyen catadura de ficción a estas interpretaciones, y se limitan a
consignar que lo único “ancestral” es la negativa de la Gobernación rionegrina
a emprender relevamiento territorial y a la entrega de parte del suelo a sus legítimos dueños, según diversas normas
que hacen operativa la Constitución nacional. Y eso que son “títulos
comunitarios” similares a los ya entregados en el resto de las provincias.
En particular,
señaló este martes el organismo presidido por Odarda que en los últimos días se
dieron diversas acusaciones al INAI. Razón por la que el INAI exigió que éstas
se formalicen ante las autoridades judiciales y presenten las pruebas
correspondientes.
El Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas encuadró la elevada gravedad de tales
imputaciones, relativas a “complicidad” e “instigación” en el contexto de tales
incendios en la región andina. Más que nada, luego de la resolución rubricada
por Odarda en función de la cual –en sintonía con una disposición judicial- posibilitó
a la Lof Celestino Quijada evitar el cercado y la obligación de rodear varios
kilómetros este emprendimiento inmobiliario de lujo, el cual desde hace 7 años
impide llevar los pibes a la escuela o al hospital.
En esta tercera
ocasión, el INAI reiteró el exhorto formal a la Gobernadora Carreras a rubricar
el acuerdo para relevamiento establecido en la Ley 26.160. Al que ya
suscribieron Salta, Neuquén, Santa Fe, Chaco, Jujuy, San Juan y Misiones. Como
también exigió la entrega de títulos de propiedad, de acuerdo a lo prescripto
por la Constitución Nacional.
Y Odarda pidió
que deje de utilizarse a las comunidades originarias como falsa excusa en la
virulenta campaña electoral en curso. Para lo que diferenció el caso trasandino
que llevó al desfalleciente gobierno de Sebastián Piñera a disponer un estado
de sitio en la región espejo del lado chileno, a pesar de indicios más que
enclenques o igual que en el caso rionegrino.
NdR, 26 de octubre
de 2021.
